“La primera valoración que hago al respecto es la falta que nos hace y lo importante que será la nueva ley que está elaborando el Gobierno de la Nación sobre la racionalización de la Administración Pública que evitará que pasen estas cosas”. Con estas palabras, el presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, José Loaiza, daba su opinión respecto a la información publicada por este medio en su edición de ayer en la que se detalla que la Junta de Andalucía le adeuda a la institución provincial 9,2 millones de euros, correspondiendo la mayoría de este importe, casi 6,3 millones, a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.
“Necesitamos una ley que impida que la Junta haga esto con los ayuntamientos y las diputaciones, es decir, que financiemos sus políticas cuando cuenta con dinero propio”, señala Loaiza, para añadir que “es triste que se hable mucho de bienestar social, del Estado de Derecho, del Estado Social, y luego es la Junta la que nos debe de esos nueve millones, seis millones trescientos mil euros de las políticas sociales”.
Por ello, insiste en que “no se puede hacer política social para que al final la hagan los ayuntamientos y las diputaciones, pero esto que es algo común en la Junta de Andalucía, hoy día se nos ve agravado por la situación económica en las que nos encontramos todas las entidades locales de la provincia, no solo la Diputación”.
También quiso hacer alusión a la “desvergüenza de Izquierda Unida y la de sus alcaldes, a los que estamos pagando nosotros con fondos propios, ellos luego no pagan las nóminas y nos ponen a los trabajadores a protestar a las puertas de la Diputación”.
Loaiza indicó que “la Junta nos debe dinero de Ley de Dependencia, nosotros les pasamos dinero con fondos propios, ellos no pagan las nóminas y nos echan encima a los trabajadores… eso es Izquierda Unida que está en el bipartido. Por eso digo que tener ese lenguaje y ese discurso político para luego ver la realidad, pues la valoración que hago es que la Junta de Andalucía debería empezar a cumplir con los más necesitados de la provincia”.
Respecto a este tema también quiso realizar una valoración la alcaldesa de Cádiz y diputada nacional, Teófila Martínez, quien indicó que “en el primer plan de pago a proveedores y en el segundo plan del año pasado y que se aplicó solo a las comunidades autónomas, han dispuesto éstas de 61.000 millones de euros para pago a proveedores y entre ellos, para pagar convenios del ámbito social, sanitario y educativos, y además para pagar deudas de todos los temas relacionados con la Ley de Dependencia”.
Martínez explica que “si después de contar con ese dinero para pagar a proveedores y este tipo de deudas, resulta que no les ha llegado el dinero para pagar a organizaciones no gubernamentales, ni a los ayuntamientos, ni a las diputaciones, la pregunta que hice en el Congreso de los Diputados es dónde esta el dinero”.
Y es que “61.000 millones de euros son 61.000 millones de euros en un año, y resulta que no queda dinero para pagar las deudas con las ONG o los programas de la ley de dependencia con las empresas concesionarias o a los ayuntamientos y diputaciones”.
Por último, adelantó que “pronto se pondrá en marcha otro decreto de proveedores que contemplará la posibilidad de pedir créditos para pagar a las organizaciones no gubernamentales las deudas que mantienen por programas socio-sanitarios, pero desde luego se va a aplicar la norma por la cual se va retraer de las aportaciones a las comunidades autónomas las deudas que tengan con ayuntamientos y diputaciones, directamente”.
