El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, ha adelantado este lunes que la empresa pública Navantia necesitará "ayudas financieras adicionales" el próximo año así como un plan estratégico 2014-18 que "dé un nuevo modelo a la compañía" para garantizar la "viabilidad a corto plazo" de la empresa y conseguir que sea "competitiva y sostenible con capacidad de crecimiento a medio y largo plazo".

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, Aguirre ha reconocido que Navantia es "la gran preocupación" de SEPI tanto por la "casi nula contratación" de pedidos para construir nuevos barcos como por su situación patrimonial, ya que según figura en los libros de contabilidad "la relación entre el patrimonio neto y el capital social comienza a registrar tensiones indeseadas".

  "Tensiones que, con toda seguridad, harán necesaria la presencia de ayudas financieras adicionales, de un plan estratégico para la empresa que le dé un nuevo modelo de compañía, y de un pacto social para hacer un convenio atento a estas dos grandes circunstancias de la realidad de Navantia", ha apostillado Aguirre, en referencia a la implantación de "un nuevo marco laboral".

   Ante las críticas de "pesimismo" por parte de la oposición, ha recordado que el año pasado "por estas fechas" se contaba con que los contratos de Pemex ya estarían en funcionamiento y evitarían estos "desequilibrios" en la relación patrimonial de Navantia, por lo que ahora "no es pesimismo, sino describir una realidad que se ve en los hechos contables de la compañía".

MENOS PEDIDOS

Y es que en los últimos ejercicios se ha verificado una importante caída de la demanda tanto civil como militar, a pesar de que se han firmado contratos como el de mantenimiento de los barcos de la armada noruega, el de los destructores de la marina estadounidense y el de modernización de los buques anfibios de la armada argelina.

   Asimismo, Aguirre ha asegurado que se mantiene el compromiso de construcción del submarino S-80 para la Armada Española, y ha señalado que sólo se están "recalculando algunas magnitudes para hacer de este proyecto una realidad". "La industria militar comienza a ser para el Gobierno una prioridad, y ahí se enmarca la entrada (de SEPI) en el accionariado de Indra", ha añadido.

Sin embargo, algunas de las negociaciones comerciales en el exterior "siguen sin dar el fruto deseado", como muestra que aún no se hayan puesto en marcha los contratos de los floteles de Pemex, los contratos de los gaseros con los operadores españoles, los de nuevos buques para la armada australiana o las nuevas corbetas de la armada de Qatar.

   Así, los pedidos que en este momento están "más maduros" son los floteles de Pemex --"que sólo están a expensas de una decisión de los órganos gestores de Pemex"--, la renovación del contrato de la armada australiana y un concurso con la Armada turca y con la Armada de Qatar.

  "Pero el periodo de maduración de un pedido internacional en naviera viene a ser entre dos y tres años, y es muy difícil calcular cuándo pueden entrar en eficacia este tipo de contratos", ha explicado el presidente, reconociendo no obstante que Navantia "sí tiene" problemas en este ámbito de contratación de nuevas construcciones pero matizando que "aunque hay cosas que están poniendo nubes negras en el horizonte de Navantia no se ceja en que los objetivos de contratación internacional puedan llegar a buen puerto".

AVANCES POSITIVOS

  Además, se ha "avanzado" en otros aspectos, como por ejemplo el grado de ocupación en los astilleros por la cartera de pedidos, que alcanza el 87 por ciento en Ferrol, el 94 por ciento en Cartagena y el 91 por ciento en San Fernando (Cádiz), y que para el año que viene se pretenden elevar hasta el 88, 94 y 93 por ciento, respectivamente. "Estamos muy satisfechos, Navantia no tiene problemas en el área de reparaciones", ha dicho Aguirre sobre este punto.

También considera que se han producido avances en relación con el 'tax lease', que no generará impactos en Navantia ya que sólo hay una operación de 2005 que podría entrar en el capítulo de sanciones, aunque según Aguirre es poco probable, aunque en cualquier caso "su impacto en el presupuesto sería muy menor".

Finalmente, el presidente de SEPI ha destacado que también se han cumplido las obligaciones con respecto a las consultas a Europa sobre el dique flotante y sobre la limitación de la construcción civil, aunque "de momento no hay respuesta"