La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz celebra entre el 17 y el 31 de mayo el juicio por el conocido como 'caso Uniformes', que sentará en el banquillo de los acusados a 20 personas, entre ellos los exalcaldes de Rota (Cádiz) Eva Corrales (PP) y Lorenzo Sánchez (RRUU), así como al actual alcalde de Chipiona (Cádiz), Antonio Peña (PP), que era edil en el Ayuntamiento roteño en el momento de los hechos que se investigan.
Según la diligencia de ordenación dictada por la Audiencia el pasado 7 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juicio se celebrará en nueve sesiones --17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 30 y 31 de mayo--, estando dedicadas las tres primeras al interrogatorio de los acusados, en su mayoría antiguos responsables y técnicos municipales de los sucesivos gobiernos de RRUU y PP en el Ayuntamiento de Rota.
En las sesiones comprendidas entre el 23 y el 27 prestarán declaración más de 30 de testigos, mientras que las dos últimas sesiones se dedicarán a que las partes expongan sus informes finales.
EL CASO
Cabe recordar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Rota (Cádiz) finalizaba a principios de febrero de 2015 la instrucción del caso, señalando en el auto emitido entonces que de las diligencias practicadas se desprende la existencia de "indicios racionales de criminalidad" por la adjudicación irregular desde 2004 de contratos de suministros por parte del Ayuntamiento y fundaciones municipales a empresas relacionadas con el exalcalde Lorenzo Sánchez y otros responsables municipales.
Las empresas en cuestión son la sociedad cooperativa Coanda, Epis Rotasur, S.L. y Coanda Costuras S.L.U. Esta última vino a sustituir en 2008 a las dos anteriores para "burlar la prohibición de contratar con la entidad local" y que no aparecieran como titulares o administradores de la misma el entonces alcalde Lorenzo Sánchez, ni los concejales Montemayor Laynez (RRUU) y Antonio Alcedo (PP), también acusados de presuntos delitos de prevaricación y gestión interesada.
Según el auto, también estaban vinculadas con las empresas la esposa del exalcalde y la del entonces edil y funcionario Ismael Puyana (PP). Los tres figuran entre los acusados en este procedimiento.
El auto recogía que los responsables de las citadas empresas, con la colaboración de otros técnicos y responsables municipales, concertaron los contratos "con conocimiento de la prohibición de contratar que pesaba sobre los mismos y de las incompatibilidades a las que se encontraban sometidos según la legislación vigente en cada momento".
Durante el tiempo de los hechos investigados, pese a las prohibiciones de contratar que existían, fueron adjudicados contratos que superan los 790.500 euros, entre otros el realizado para la adquisición del vestuario para el personal funcionario laboral fijo del Ayuntamiento para el año 2004-2005.
El último contrato que figura en el auto es de marzo de 2014, siendo alcaldesa Eva Corrales (PP), a la que también se le atribuyen irregularidades en sus anteriores cargos como delegada municipal de Turismo y Comercio y delegada municipal de Fiestas.
PETICIÓN DE LA FISCALÍA
En su escrito de acusación, la Fiscalía solicita para los acusados penas que van desde los nueve años de inhabilitación a los cinco años de cárcel y 19 de inhabilitación que reclama para Lorenzo Sánchez, a quien considera responsable de los delitos de prevaricación continuada, gestión interesada continuada y falsedad.
Para Eva Corrales solicita 15 años de inhabilitación y cinco meses de prisión como autora de un delito de prevaricación continuada y cooperadora necesaria de gestión interesada continuada.
Para el actual alcalde de Chipiona, Antonio Peña --primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Rota desde 2003 y miembro de la Junta de Gobierno Local hasta 2011--, reclama nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de alcalde, concejal o cualquier otro cargo de elección popular en el ámbito local, así como de empleo o cargo público por un delito de prevaricación.
Cabe recordar que Eva Corrales causó baja en el PP tras ser condenada por la Audiencia Provincial de Cádiz a cuatro años y seis meses de cárcel y a once y medio de inhabilitación por el 'caso Horas Extra'.
