Diputación ha desestimado el recurso de reposición que planteó José Loaiza, en representación del Grupo Popular, frente a la resolución del contrato de enajenación de la Institución Provincial Fernando Quiñones (Edificio Valcárcel) acordada en el Pleno celebrado en noviembre de 2016. En aquella sesión plenaria se aceptaron los términos de una operación diseñada para recuperar este histórico edificio, de común acuerdo con el Ayuntamiento de Cádiz y con la Compañía Inmobiliaria y de Inversiones SA (Zaragoza Urbana) adjudicataria de este bien desde el 25 de junio de 2003. En virtud de este acuerdo el inmueble revierte a Diputación salvo una parcela de 4.417 metros sobre la que se ha diseñado un hotel de nueva planta. Para el edificio principal se contempla un uso universitario. La operación conlleva la creación de más de 400 plazas de aparcamiento y locales comerciales, permite desbloquear un asunto encallado, aprovechar un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural con usos públicos y de interés social, así como generar actividad económica para el vecino barrio de La Viña.
El PP, en su recurso de reposición, planteaba su discrepancia en los siguientes puntos: consideraba que el acuerdo de Pleno incurría en causa de nulidad al prescindirse del dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía; apreciaba el reconocimiento de derechos a favor de la adjudicataria “de forma improcedente”; reprocha que no se había justificado suficientemente la transacción aprobada para hacer efectiva la liquidación a favor de la adjudicataria; y se muestra disconforme con la valoración de la parcela segregada a favor de Zaragoza Urbana.
Tras la presentación del recurso de reposición –y abrirse un trámite de audiencia para que Zaragoza Urbana, como parte interesada, aportara sus alegaciones- la Secretaría General y la Asesoría Jurídica de Diputación han resuelto la controversia en un informe jurídico que desestima la impugnación administrativa del PP. Ese informe ha basado la propuesta de resolución que hoy ha validado el Pleno con los votos favorables de PSOE, IU, PA, Por Cádiz Sí Se Puede y Ganemos Jerez, y el único voto en contra del Grupo Popular.
El diputado provincial Fran González ha defendido la propuesta de resolución, valorando que aporta una solución a un problema que permanecía enquistado, “basada en criterios jurídicos” y consensuada con el Ayuntamiento de Cádiz. En el debate también intervino el portavoz de Por Cádiz Sí Se Puede y alcalde de la capital gaditana, José María González, para lamentar la actitud, a su juicio obstruccionista, del PP. Por su parte José Loaiza reiteró las discrepancias que motivaron el recurso de reposición y anunció –al término del debate- que el PP “se reserva la impugnación del punto” incluido en el orden del día del Pleno como propuesta de resolución así como “las acciones judiciales” que se determinen frente a la resolución de un contrato que “menoscaba el patrimonio de Diputación”.
En el informe suscrito por la Secretaría General y la Asesoría Jurídica se concluye que no es necesario contar con dictamen del Consejo Consultivo en relación a la resolución del contrato, al no haberse formulado oposición por parte del contratista (en este caso, Zaragoza Urbana). Una intervención, la del Consultivo, que tampoco es exigible en la liquidación acordada a tenor del importe de la misma (ya que no supera el 5% de los recursos ordinarios del presupuesto de Diputación).
Secretaría General y Asesoría Jurídica de Diputación reconocen que la mayoría de las inversiones asumidas por Zaragoza Urbana en Valcárcel están justificadas “por los fines de interés general que condicionaron en su momento la enajenación”, y que por tanto responden a un “cumplimiento de lo exigido” en el contrato suscrito en 2003. Son por tanto cuantías que se admiten en la liquidación a favor de la adjudicataria.
En el recurso del PP se reclama una indemnización a favor de Diputación por las obras que se llevaron a cabo en la actual escuela de hostelería, sita en Zona Franca, al trasladarse desde su antigua ubicación en Valcárcel; en el informe jurídico, aceptado hoy en el Pleno, se desestima esta pretensión “al no guardar ninguna relación con el contrato” y se recuerda que –en la liquidación- sí se consideraron los gastos de alquiler de la nueva sede de hostelería, concretamente desde noviembre de 2013 –fecha en la que se consuma la mudanza- hasta junio de 2015. La escuela, según el contrato de enajenación del año 2003, tenía que haber permanecido en Valcárcel hasta junio de 2015 por lo que en este punto sí se produjo un incumplimiento que ya fue considerado y cuantificado a favor de Diputación en la propuesta de resolución del contrato.
El informe valida la transacción concretada en la propuesta de resolución del contrato que aprobó el Pleno de noviembre de 2016. Un acuerdo que evita la promoción de nuevos pleitos y más demora acumulada. También se admite la valoración de la finca segregada del edificio principal, cifrada en 2.646.305´80 euros ante la que “no puede formularse ningún reproche de legalidad a lo acordado por el Pleno”.
