La concejala de Servicios Sociales, Ana Fernández, amansaba las aguas tras el aviso de UGT de que este viernes finalizaba la contratación de 14 empleados de Servicios Sociales que permanecían en la incertidumbre sobre su continuidad en el puesto o no. Mientras que el alcalde afirmaba que si no llegaban las subvenciones sería complicado continuar con estos empleados, el concejal socialista, José Pacheco, denunciaba “la estrategia del miedo y de las mentiras a sabiendas que ha utilizado el alcalde, José María González, respecto a la financiación”, por parte de la Junta de Andalucía, de los servicios sociales comunitarios.
Este jueves se publicaba en el BOJA la orden para estas ayudas. “Desde el pasado 2 de junio, la Administración autonómica comunicó, mediante correo electrónico y llamada telefónica al Ayuntamiento, la renovación del plan y su ampliación en 80.000 euros, lo que supone un incremento entre los 623.970 euros que se recibieron el pasado año, y los 703.255 euros que ingresará el Consistorio en esta ocasión. Esto incluso permite que se contrate a más personal”, explica el concejal socialista.
“Teniendo en cuenta que el alcalde conoce estos datos desde principios de mes, no entendemos que asegurara públicamente que había que preguntarle a la Junta de Andalucía si tiene intención de continuar con este programa y que, si no lo hace, sería muy difícil regularizar los 14 empleos que dependen del mismo. Nos parece lamentable su juego político”, denuncia José Pacheco.
“No entendemos qué pretende el alcalde intentando generar malestar e incertidumbre entre estos 14 trabajadores, cuando sabe perfectamente que la ayuda se iba a renovar y que los puestos de trabajo no estaban en peligro”, añade.
Por su parte la edil de Servicios Sociales, indicó que la “renovación no tiene discusión, necesitamos seguir con esos trabajadores”. La solicitud se hace como “un trámite, se solicitó el 2 de junio, y las compañeras van a seguir trabajando”. Se les informó que la renovación se iba a realizar con normalidad, aclaró Fernández.
Aprovechó para demandar más “personal fijo” y estamos trabajando para que se “avance hacia otro modelo más estable”. “No había duda de que la Junta no fuera a pagar el plan concertado, era una cuestión de tiempos, si hubiera habido un riesgo real, habríamos optado por un plan B”, tal y como exigía UGT. Para la edil “no había riesgo ninguno para esos trabajadores”.
