El pleno del Ayuntamiento de Cádiz del mes de junio ha aprobado por unanimidad la modificación de los estatutos del Instituto de Empleo y Fomento para que los miembros que participan en su Consejo Rector tengan una mayor participación y poder de decisión.


Hasta ahora, el presidente de la entidad local, figura que encara el alcalde de Cádiz, José María González, era el único con potestad para convocar al Consejo Rector y también la única persona que podía designar al gerente. Ahora, con esta modificación, el nuevo gerente tendrá que ser elegido por el Consejo Rector que contará con mayor poder decisorio.


Esta propuesta nace de la decisión conjunta del PP, PSOE y Ciudadanos de la necesidad de que el IFEF experimente un cambio ante "la gestión ineficaz", "la dirección nefasta" o "el triste récord de tener dos gerentes dos años". Estas han sido algunas de las acusaciones que han vertido Juan Manuel Pérez Dorao, portavoz de Ciudadanos, Juan Cantero, concejal de socialista o Bruno García, edil del PP, respectivamente, para referirse a la labor ejercida por la edil Laura Jiménez al frente de la entidad municipal.


Y es que la crítica a la labor de Laura Jiménez como directora del Instituto de Fomento y Empleo ha sido una constante a la largo del  debate del punto, sobre todo en cuanto a su relación con el personal de la entidad. En ese sentido, el edil socialista, Juan Cantero,  ha afirmado que "ha propiciado los enfrentamientos dentro del IFEF" , y tanto el portavoz de Ciudadanos, Pérez Dorao como el concejal popular, Bruno García, han destacado la salida de dos personas del cargo de gerente del IFEF desde que Jiménez llegó a la dirección de la entidad.


Así, el concejal del PP, Bruno García, ha achacado al equipo de Gobierno que dentro del organismo municipal no se han tomado medidas en relación a las propuestas aprobadas en el pleno extraordinario sobre Empleo que se celebró hace dos años. Entre las medidas a las que se dio luz verde y que no se han ejecutado, según el edil popular, están la creación de empresa de economía social o de la ventanilla única del inversor, así como ofrecer a las empresas de cruceros un paquete cerrado.


Por su parte, la concejala de Fomento y Empleo, Laura Jiménez, ha defendido su labor al frente del IFEF recordando los 15 millones de euros los fondos europeos  de la EDUSI que el equipo de Gobierno ha conseguido en segunda convocatoria.

Otras propuestas 
El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado también por unanimidad, en su sesión ordinaria del mes de junio, la propuesta de modificación parcial del Reglamento de los Mercados Municipales de Cádiz presentada por el Equipo de Gobierno. La edil de Comercio, Laura Jiménez, ha explicado que el objetivo de esta modificación “no es otro que el de incluir una regulación específica para la zona del Rincón Gastronómico, atendiendo a sus características concretas”. Además, ha apuntado que esta propuesta en la línea de “fomentar su autoorganización, pero además esto tiene un impacto positivo en el fomento del comercio y del propio mercado de la ciudad”.

Asimismo, Jiménez ha resaltado que la iniciativa de modificación parte de los propios comerciantes y que la propuesta se ha trabajado conjuntamente con Asodemer, liderando todo el proceso. Y ha indicado que en las modificaciones previstas se plantea “un espacio de diálogo permanente entre el mercado y el ayuntamiento, así como mejoras en la seguridad de los propios comerciantes”. “Creemos que el hecho de contemplar la especificidad de esta zona, no sólo responde a que cuenta ya con una realidad concreta, sino que viene a fomentar su actividad, avanzando en la promoción del comercio en nuestra ciudad”, ha valorado.

Las formaciones de la oposición han aplaudido esta moción que recoge las propuestas y recomendaciones de los comerciantes, votando todos a favor de la misma. En su intervención, el edil popular José Blas Fernández ha solicitado “desvincular” la lonja de frutas y hortalizas del Mercado de Abastos y, por tanto, “retirarla del Reglamento”, argumentando que no se trata de un equipamiento municipal. “El Ayuntamiento ya no tiene competencia alguna en ella”, ha defendido el concejal.

Por unanimidad también ha salido adelante la propuesta del Gobierno local de aprobación definitiva de la cesión gratuita de las edificaciones construidas por el Ayuntamiento para albergar los usos del CENTI y del Centro Suratlántico de Tecnología, en favor de la Universidad de Cádiz para su destino a usos universitarios en la ciudad, que deberán garantizar en un plazo máximo de cinco años.

El edil de Patrimonio, David Navarro, ha recordado que el consorcio entre la UCA y el Ayuntamiento de Cádiz se encontraba en fase de liquidación para el centro de Nuevas Tecnologías. Se puso a disposición una gran cantidad de dinero, pero no se realizaron sus funciones finalmente. Por esto, en 2010 se firmó un convenio con la UCA en el que se contempla que el Jardín Botánico (suelo, vuelo y edificación), que formaba parte del consorcio, pasaría a propiedad del Ayuntamiento. Por otro lado, que el edificio donde ahora mismo está el rectorado de la UCA quedaría cedido a la universidad, y por último, que una vez finalizada la fase de liquidación, se convendría qué hacer exactamente con el espacio del propio CENTI. Y esto es lo que se concreta en el documento que hoy se ha llevado a pleno y que ha sido aprobado por unanimidad.

Todos los grupos que conforman el arco plenario han emitido su voto favorable a la propuesta del Equipo de Gobierno de suscripción de adenda al convenio de cesión de uso de determinadas dependencias del Casino Gaditano al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, para Centro de Negocios. Desde 2014, el inmueble Casino Gaditano (propiedad municipal) se cede al Consorcio de Zona Franca para un Centro de Negocios. Dicha cesión se ha venido renovando anualmente atendiendo a una de las cláusulas del convenio suscrito. Con la aprobación de la moción del Gobierno municipal, se dejará sin efecto esa cláusula de renovación, fijando una cesión de dos años más a partir de que termine la prórroga actual, para que posteriormente vuelva a propiedad del Ayuntamiento.

La propuesta del Equipo de Gobierno relativa a la aprobación definitiva del estudio de detalle para la ordenación de volúmenes en la calle Pérgolas números 4 y 6 se ha aprobado por unanimidad sin debatir previamente la misma. Tampoco ha precisado debate la propuesta de determinación de las fiestas locales para el año 2018, que son las siguientes: Lunes de Carnaval, 12 de febrero, y Virgen del Rosario, 7 de octubre.

La propuesta de aceptación de los principios de la Carta de Ciudades Educadoras y adhesión a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) ha sido aprobada por unanimidad, al igual que la enmienda de adición presentada por el PSOE relativa a instar al Equipo de Gobierno a que antes de que finalice el presente año se elabore y presente a este Pleno un Plan Estratégico a medio plazo, en el que se detallen las acciones a realizar y se pongan de relieve las vertientes educativas de los proyectos políticos de la ciudad. “Compartimos la propuesta, pero también nos gustaría que no se quede todo en una mera carta de intenciones, sino que deben plasmarse en actuaciones concretas”, ha expuesto el edil socialista José Pacheco. Este punto ha generado cierto debate entre el concejal Pacheco y la concejala de Enseñanza, Ana Fernández, tras criticar el edil la política educativa del Equipo de Gobierno. La concejala ha resaltado la “apuesta muy clara por los colegios” del Gobierno local, desmintiendo que no se recoja en los presupuestos una partida para el mantenimiento y conservación de los centros educativos de la ciudad, y lamentando los recortes en materia educativa de la Junta de Andalucía. “Si hablamos de política educativa, su partido tiene mucho que mejorar”, se ha dirigido a Pacheco.

Seguidamente, el secretario ha leído la Declaración Institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, firmada por todos los grupos políticos del arco plenario. Y también ha dado lectura a tres propuestas conjuntas de todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento de Cádiz relativas a que el Consistorio se declare a favor del cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado marroquí en relación con la población del RIF; a apoyar la Declaración de Barcelona: Las Ciudades ante la Realidad del Refugio en el Estado Español; y a instar al presidente del Parlamento de Andalucía, a los grupos parlamentarios y a la parlamentaria no adscrita a la unificación de los dos proposiciones de Ley de Atención Temprana. El alcalde, José María González, ha felicitado a todos los concejales del arco plenario por el apoyo mostrado a estas tres propuestas. “Esto es un logro. Ojalá no se quede en un brindis al sol”, ha manifestado.

El debate se ha reanudado con la propuesta conjunta de los grupos municipales Sí Se Puede Cádiz y Ganar Cádiz en Común relativa a no autorizar el uso del espacio público de nuestro municipio a colectivos que promuevan el odio y la xenofobia, siendo finalmente aprobada la enmienda de sustitución presentada por el grupo municipal socialista de manifestar su rechazo ante cualquier organización cuyas acciones promuevan el odio y la intolerancia, e instar al alcalde a que, en el ejercicio de sus competencias, haga cuanto esté en su mano para evitar el uso del espacio público por parte de entidades y colectivos que promuevan el odio y la intolerancia de cualquier índole. El primer punto de esta enmienda ha sido aprobado por unanimidad, mientras que el segundo ha salido adelante con los votos en contra de Ciudadanos y la abstención del PP. La enmienda de adición presentada por el grupo municipal popular ha decaído. Con dicha enmienda se solicitaba que la decisión sobre qué colectivos se encuadran en este punto se atenga a las sentencias firmes que hayan recaído sobre los mismos por los delitos de odio que establece nuestro código penal.

En este punto, el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, ha defendido que tanto la moción como las dos enmiendas son “radicalmente contrarias a la Constitución”, argumentando que no se puede limitar el derecho a la manifestación. “Es un despropósito jurídicamente y también desde el punto de vista político”, y ha señalado que “lo más sensato sería retirar este punto”. El alcalde ha puntualizado que no se estaba debatiendo sobre el derecho a la movilización, sino sobre el dominio público. El edil socialista José Pacheco ha incidido en que en la enmienda de adición presentada por su partido “en ningún momento se está hablando de prohibir, sino de rechazar”. El portavoz de Ganar Cádiz en Común, Martín Vila, ha defendido que con esta moción “no se está hablando de que el Ayuntamiento pretenda regular el derecho a la manifestación, sino que abordamos cómo regular el uso de la vía pública para preservar los valores de libertad, respeto y diversidad”. Asimismo, la edil María Romay ha resaltado que con esta propuesta lo que se pretende es “atajar de raíz el odio, no saltarnos la ley ni tomar las competencias de la Subdelegación del gobierno. En este asunto no valen las medias tintas”, ha apostillado la concejala de Sí Se Puede Cádiz.