La enfermera que atendió a Rayán el día de su muerte, y que por un presunto error administró al bebé un preparado lácteo por vía venosa, debió de negarse a trabajar en neonatología, y el hospital Gregorio Marañón incumplió la ley al contratarla para un servicio para el que no estaba capacitada.

Así lo explicó ayer el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González, en la presentación del informe que este organismo ha realizado sobre las circunstancias de la muerte del hijo de la primera víctima de la gripe AH1N1 en España.

El texto concluye que la enfermera “no debió ser enviada a dicha unidad por parte de la supervisora al carecer de la cualificación suficiente” y que ella “nunca debió asumir” una responsabilidad para la que “no disponía de competencia profesional suficiente”.

Tanto la enfermera responsable del bebé como la afectada por los hechos son enfermeras de cuidados generales “y no poseen competencias específicas para prestar cuidados especializados” y, por lo tanto, “no debieron recibir ni asumir” ninguna responsabilidad en la unidad de neonatología, afirma el informe.

González señaló que en virtud de la secuencia de los hechos facilitada por la investigación de la Comunidad de Madrid, sobre la que se basa el informe, y teniendo en cuenta la presunción de inocencia de la enfermera, ésta debió negarse a acudir a la unidad de neonatos y realizar tareas para las que no estaba capacitada.

Asimismo, criticó que el gerente del Hospital Gregorio Marañón, envíe enfermeras a trabajar a la unidad de neonatos con cursos de cinco días de formación de carácter voluntario incumpliendo la normativa autonómica.

También criticó que sea una practica habitual en esa unidad que las auxiliares de enfermería administren nutriciones por vena a a los bebés, una tarea para la que no están cualificadas.