La concesión de la explotación de los chiringuitos vuelve a salir a la luz pública. El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, declaraba que “tal vez este asunto termine en un contencioso si la Junta considera que los chiringuiteros son los titulares de la concesión y nosotros determinamos que no. La Junta deberá explicar por qué ha determinado la concesión. Por lo tanto, la respuesta” a esa posibilidad de que acabe en los juzgados la tiene el Gobierno andaluz.
Mientras tanto, desde el grupo municipal de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, denunciaba de nuevo esa “situación de fraude de ley o de desviación de poder” que se había vivido en todo este asunto aunque no se atrevía a aventurar qué va a pasar en el futuro próximo “hasta que la Junta no dicte la resolución definitiva”.
Según la formación naranja, lo que ha hecho el equipo de Gobierno es “privatizar la playa, de una forma plenamente consciente y buscada a propósito”. Porque, a su juicio, “sólo después de reprocharse el hecho recogen vela y están en una posición distinta. Ha quedado patente que hay una desviación de poder, que, a la más larga o más corta, saldrá a relucir”. Está en manos de la Junta que tiene que dictar la resolución administrativa definitiva, pero “nos tememos que los tiros van por ahí”.
No obstante, Pérez Dorao no quiso concretar si se llevarán a cabo acciones judiciales.
Mientras tanto, Vila afirmaba ante las declaraciones del grupo municipal de Ciudadanos “está perdido. Hemos planteado que existe un PGOU, que marca límites de superficie a ocupar, y un pliego que marca determinaciones en plazos. Y Contratación ha determinado que la concesión no está en manos de la Junta sino en manos municipales”.
Como Ayuntamiento hay un PGOU que hay que cumplir, que hay un pliego de 2014, del PP, “que otorgaba la concesión administrativa a los concesionarios”, explicó Vila, quien añadió que los chiringuitos “son beneficiosos porque dan un servicio de hostelería en el ámbito de la playa”.
