Miles de personas en Andalucía y España son titulares del derecho de acceso al Servicio de Centros de día a través de centros concertados de Unidad de Estancia Diurna gracias a la Ley de Dependencia. A los dependientes y discapacitados les corresponden estos servicios públicos o prestaciones para la Autonomía y Atención a la dependencia según el Real Decreto 1051/2013 de 27 de diciembre y de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación dependencia.

Sin embargo, la Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) establece la suspensión de la actividad de los Centros de día y Centros ocupacionales para personas con discapacidad, ya sean de titularidad pública o privada.

Las personas con discapacidad pertenecen a un grupo de riesgo vulnerable tal como establece la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada porel COVID-19 ya que establece que “los mayores, las personas con discapacidad u otros usuarios de residencias y otros centros sociosanitarios se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la infección COVID-19 por varios motivos, como son entre otros, que habitualmente presentan edad avanzada; patología de base o comorbilidades; y su estrecho contacto con otras personas, como son sus cuidadores y otros convivientes".

Tal y como denuncian algunos familiares, "la no prestación del servicio a los usuarios impide a los titulares del disfrute del derecho reconocido, esta circunstancia, aún a sabiendas que es excepcional y circunstancial, está impidiendo el acceso a un recurso público a sus beneficiarios". Esto está impidiendo el desempeño a los progenitores de su actividad laboral y, por tanto, "lesionando doblemente los intereses de los usuarios".

"En primer lugar,-declaran- porque no reciben el servicio que por derecho le corresponde y en segundo lugar porque al necesitar los usuarios el cuidado y vigilancia por su situación de dependencia merma capacidad de ingresos del trabajo a las familias y, por consiguiente, va en detrimento de la calidad de vida de los usuarios y titulares del derecho". Y es que la Orden de 13 de marzo de 2020 establece el cierre de los centros pero no suspende el derecho a la prestación del servicio.

Sin embargo, la Agencia de Servicios sociales y dependencia de Andalucía publica en su web que “está garantizando el pago de cada una de las plazas concertadas a los centros de día para personas con discapacidad para mantener el empleo de los profesionales de esos centros concertados”.

De esta manera, denuncian que "la Agencia de Servicios sociales y dependencia de Andalucía garantiza el pago a los centros concertados cuando estos no están prestado el servicio a sus usuarios que son los realmente beneficiarios de los derechos".

"En pocas palabras, el Gobierno andaluz le está dando los recursos públicos de la dependencia a los centros concertados cuando estos no tienen a los usuarios en sus centros por el cierre de Covid19. Y el recurso público de dependencia no llega sus destinatarios legítimos, es decir, las personas con discapacidad", expone un familiar afectado.

Según indican, se han puesto reclamaciones tanto en los centros concertados como ante la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y conciliación de la Junta de Andalucía. Además, se ha denunciado la situación ante el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI estatal y el CERMI de Andalucía sin que hasta ahora nadie haya respondido.

Más datos y cifras

Un total aproximado de 11.000 personas tienen reconocida la dependencia y reciben una prestación en la provincia de Cádiz. De estas, 2.296 personas dependientes en la provincia reciben la prestación de Ley de la Dependencia en la modalidad de centro de día. 28 centros concertados que hay en la provincia que reciben estas ayudas y la gestionan en nombre de las personas dependientes.

La Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía abona 1,4 millones de euros al mes a estos centros Servicio de Centros de Día. 220.375 personas cobran alguna ayuda por su situación de dependencia en Andalucía.