Otra ayuda para un proyecto industrial en la Bahía que acabó en bolsillos ajenos

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años y medio de cárcel a dos hermanos que desviaron a su "patrimonio particular" y sus empresas la mayor parte de una subvención de 1,2 millones de euros que el Ministerio de Industria les concedió para un proyecto industrial en la Bahía de Cádiz.

En la sentencia, fechada el 9 de febrero y a la que ha tenido acceso Efe, la Sección Séptima de la Audiencia sevillana condena a Manuel y Luis Miguel B. G. por un delito de fraude en subvenciones y, además de la pena de prisión, impone una multa de 1,5 millones de euros a cada uno y les prohíbe obtener subvenciones públicas o beneficios fiscales durante cuatro años.

También deberán indemnizar al Estado con 935.454,53 euros de forma solidaria entre ambos y la empresa que recibió la subvención, Pinturas Aéreas Bahía de Cádiz, que a su vez tendrá que abonar otra multa de 1,2 millones.

La subvención, concedida el 14 de junio del 2011 por la Secretaría General de Industria en el marco de unas ayudas para la reindustrialización de la Bahía de Cádiz, estaba destinada a la "creación de una industria para pintar piezas en el sector aeronáutico" en El Puerto de Santa María.

Los encausados, sin embargo, "aplicaron gran parte" de la ayuda, hasta 981.120,53 euros, a "incrementar sus patrimonios particulares", financiar otras empresas "también administradas por ellos" o adquirir una opción de compra sobre cinco locales comerciales en Lebrija (Sevilla).

La Administración ingresó los 1.267.122 euros de la subvención en la cuenta de Pinturas Aéreas Bahía de Cádiz el 29 de julio del 2011 y entre ese mismo día y el 3 de agosto, según considera probado el tribunal, los empresarios "extrajeron la totalidad" de la ayuda.

Por un lado, libraron 300.000 euros en cuatro cheques a favor de San Miguel Compañía de Inversiones Andaluzas, "administrada por ellos mismos".

Por otro, transfirieron 967.000 euros a otra cuenta de Pinturas Aéreas desde la cual realizaron entre agosto y noviembre del 2011 "numerosas operaciones, la mayoría de las cuales tampoco guardaba relación con el proyecto industrial".

De hecho, abunda la Sala, su "única finalidad" era dedicar "una parte sustancial" de la ayuda "a sus patrimonios particulares y sociedades vinculadas", como la Compañía de Inversiones Andaluzas, Planta Energía Solar Olivares XIII y Explotaciones Agrícolas y Ganaderas San Miguel.

Según la sentencia, facilitada por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), sólo abonaron "en ejecución del presupuesto financiable" 268.096 euros por la compra de dos parcelas en un polígono industrial de El Puerto, 15.309,47 euros por la licencia para construir allí una nave y 2.596 euros por un estudio geotécnico en esas fincas.

Así pues, la Sala establece que los acusados "desviaron" 981.120,53 euros "de la genuina finalidad del préstamo".

Los empresarios no justificaron las inversiones realizadas, por lo que la Administración inició el procedimiento de reintegro y en abril del 2013 dictó que la empresa devolviese al Tesoro Público los 1,2 millones de la ayuda más 109.007 euros en intereses, algo que no ocurrió.

La Audiencia también considera probado que Manuel B. G. pidió y obtuvo 211.176,84 euros a fondo perdido del Ministerio de Hacienda en enero del 2013 "para el mismo proyecto", pero la ayuda "finalmente no se hizo efectiva" por incumplimiento de las condiciones.

El tribunal absuelve a los dos hermanos de los delitos de estafa, insolvencia punible y tentativa de fraude en subvenciones, de los que habían sido acusados por el Estado.