Hoy se celebra el Día Europeo de Lucha contra la Pobreza Energética, que conmemora la tercera y última de las extraordinarias olas de frío que recorrieron Europa en febrero de 1956. Sobre esta problemática hablamos con Alba del Campo, asesora energética en el Ayuntamiento de Cádiz.
España está entre los países con mayor índice de pobreza energética de la Unión Europea, tiene una de las facturas eléctricas más caras, y las empresas que dominan el sector son de las que más ganan y más contaminan-¿Qué es en sí la pobreza energética?
Encontramos pobreza energética en una casa donde las personas están angustiadas porque no saben cómo pagar los suministros energéticos. La encontramos allí donde se deja de comprar comida o material escolar, para pagar una factura del gas o de la electricidad. La pobreza energética está donde no se enciende una estufa o una luz por miedo. Hay definiciones más técnicas que aluden al porcentaje de ingresos que se dedican a costear los suministros energéticos, o a la capacidad de climatizar adecuadamente una la vivienda, pero creo que se entiende mejor cuando hablamos de las personas que la sufren. Y si nos paramos un momento, todas conocemos a personas en esta situación.
-¿Quiénes la padecen?
Por desgracia, cada vez más gente. Siempre ha habido pobreza energética, pero iba asociada a la pobreza a secas. Sin embargo, en España se ha convertido en un problema de primer orden desde la privatización de las empresas energéticas. Ésta se hizo bajo la promesa de que la energía sería más barata y mira, sucedió todo lo contrario. Luego vino la crisis del 2008 y ahora ésta, y desde entonces el precio de la energía no ha dejado de subir, y la pobreza energética de crecer.
-¿Cuáles son los ejes de la actual política municipal contra la pobreza energética?
Podemos resumirlo en cuatro líneas de trabajo. La primera tiene que ver con apagar el fuego, es decir, con evitar los cortes de luz. Si una familia no puede pagar el suministro, tiene que acudir lo antes posible a Asuntos Sociales del Ayuntamiento. En Cádiz la situación es distinta al resto del Estado. Tenemos la suerte de contar con la empresa municipal de energía, Eléctrica de Cádiz. Desde Asuntos Sociales se tramitan miles de pagos al año de facturas a familias en situación de vulnerabilidad. De hecho, este ayuntamiento es el que más invierte en esta materia de todo el Estado por habitante. Es importante que la gente conozca este esfuerzo, tanto económico, como humano. Se invierten entre 400.000-500.000 euros al año y miles de horas de trabajo, en evitar que a la gente se le corte la luz.
En segundo lugar, se trabaja en la mejora de la gestión de la energía por parte de las personas en situación de vulnerabilidad y el abaratamiento de sus facturas. Se trata de acompañar, de enseñar a ahorrar, a gestionar, a entender el recibo y los impactos de la energía y ayudar a la gente a empoderarse en este tema, para que nadie pueda engañarnos ofreciéndonos ofertas que luego son timos. En este sentido llevamos 3 Planes de Choque contra la Pobreza Energética de los que se han beneficiado más de 2.000 familias en Cádiz, y a través de los que se ha logrado un ahorro económico anual de entre 60.000 y 80.000 euros y un reconocimiento para el ayuntamiento, de la Asociación de las Agencias Españolas de Energía, como una de las mejores prácticas en esta materia.
La tercera línea es la de mejorar y asegurar el acceso a la energía a las familias con menos recursos durante todo el año. Para ello, hemos puesto en marcha la Cobertura Energética Anual. Una ayuda nueva que supone que a la familia se le facilite gratuitamente una cantidad de energía y de potencia contratadas suficientes para vivir dignamente. Si la familia se mantiene dentro de unos límites, no paga nada. Esta ayuda la facilita de oficio Asuntos Sociales, es decir, que la tramitan a las familias con las que trabajan y que cumplen los requisitos.
Y finalmente, tenemos una línea de trabajo para que cambie la regulación. Estamos tratando de sumar voces con los diferentes agentes sociales y otros ayuntamientos implicados en la lucha contra la pobreza energética para que cambie la ley. Para que el Gobierno de España, que es quien tiene la competencia, y la obligación de asegurar el acceso a la energía de toda la población, lo haga.
-¿Quiénes se benefician de las ayudas municipales para evitar que el acceso a la energía sea un privilegio?
En Cádiz mucha gente, la verdad. De hecho, lamentablemente, las solicitudes de ayudas en el pago de recibos eléctricos se han triplicado. Pueden solicitarlas todo aquel o aquella que acuda a Asuntos Sociales y demuestre que tiene una situación de necesidad. Se le requiere una documentación a aportar, y los casos son valorados individualmente. Hay diferentes tipos de ayudas, están las ayudas puntuales en el recibo, las bonificaciones a pensionistas, ahora la Cobertura Energética Anual. La gente sabe que si no puede pagar un recibo, en Cádiz, puede acudir a Asuntos Sociales.
-¿Quiénes y cómo se puede acceder a los bonos sociales?
Quien se quiera beneficiar del bono social estatal, tiene que contratar la luz con una comercializadora de referencia. Las ayudas de ayuntamiento y Eléctrica de Cádiz son las otras que he mencionado. Se da la situación perversa de que en España hay más de 400 comercializadoras de electricidad y sólo 8 de ellas pueden ofrecer el bono social del Estado, a pesar de que todas lo pagan. No ellas, sino sus clientes, como es obvio. Es decir, que todas y todos pagamos un bono social que sólo ofrecen las comercializadoras de referencia (que son las 5 del oligopolio y tres más) y del que no nos podemos beneficiar sin cambiarnos de compañía. Esta situación es injusta y es perversa, especialmente para Cádiz, donde el 80% de las familias tienen la luz con Eléctrica de Cádiz, que al no ser COR, no lo puede dar. Eléctrica de Cádiz ha aportado 271.000 euros al bono social estatal sólo en 2020, sin poder ofrecerlo. Por otro lado, ninguna de las empresas del oligolio vende sólo electricidad certificada 100% renovable, como hace Eléctrica de Cádiz. Es decir, que para beneficiarnos del bono social, tenemos que contratar una comercializadora que además de ser del oligopolio, con las prácticas que todas conocemos, vende energía sucia. No se entiende. A través del bono social el Gobierno de España está fomentando una transferencia de recursos y de clientes a las empresas del oligopolio injustificable. Desde el Ayuntamiento de Cádiz hemos denunciado esta situación y pedido cambios al Gobierno. De hecho, el propio Alcalde solicitó a la Ministra Teresa Ribera en persona que permitiera a las comercializadoras que quieran ofrecer el bono social darlo, porque lo están pagando. Pero, hasta la fecha, estas demandas no han sido escuchadas.
-¿Qué queda por hacer en Cádiz para acabar con ella?
Por desgracia la pobreza energética no es un problema de Cádiz, es del país y del modelo. Nosotras hacemos mucho, pero la regulación es la que es. No podemos obviar la ley y quien la hace es el Gobierno de España, y éste sigue protegiendo a las grandes eléctricas, en perjuicio de todos los demás. En perjuicio de las familias, del tejido económico, de las administraciones, porque esta mala regulación nos empobrece a todas. Hay que hacer unas leyes sensatas. Y esto, como es obvio, no depende de Cádiz. Pero, aún así, creo que desde el municipalismo hemos de alzar la voz, denunciar esta situación, ponernos del lado de la gente, sin miedo, reivindicando lo que es justo.
-En términos generales, ¿En qué situación está España en esta lucha? ¿Son efectivas las medidas que se toman desde Madrid y Sevilla?
Como país, estamos muy mal. Pero fíjate, en este tema, en Cádiz no estamos tan mal como en el resto de pueblos y ciudades, porque aquí se protege activamente a las personas desde el Ayuntamiento. Creo que aquí la gente no es muy consciente de que todo lo que se está haciendo por mejorar el acceso a la energía no se está haciendo en ningún otro lado así, con una empresa local, dedicando tantos recursos. Ahora a escala de país, vamos de cráneo. Sólo hay una ayuda estatal contra la pobreza energética, que es el bono social, y resulta que sólo se pueden beneficiar los clientes y clientas de unas pocas empresas. Deja fuera de partida a la mitad de los clientes domésticos. Y para más inri, tienen acceso a esa ayuda las familias numerosas sin límite de renta. Familias numerosas ricas sí, familias vulnerables pobres no. En este país, ser considerado consumidor vulnerable no tiene que ver tu renta, o tu situación, ante todo, para este Gobierno cuenta la comercializadora con la que tienes la electricidad. Es un despropósito. Con la actual regulación, se privilegia el cobro de las empresas, por encima de la protección a las familias. Ahora con el Estado de Alarma hemos visto cómo durante un corto periodo de tiempo se prohibieron los cortes de luz en primera residencia. Eso estuvo bien. Pero, duró poco, después, en la prórroga de las medidas de protección, se olvidaron de la mitad del país, y casualmente, y ya sólo se protege a las familias de las comercializadoras de referencia, y como excepción, a aquellas que justifiquen con un informe de Asuntos Sociales de su municipio su vulnerabilidad. Luego, se han aprobado moratorias de cortes, que está bien, pero no han previsto qué hacer con las deudas. Las familias que se han acogido tienen un problemón ahora. Se están generando unas bolas de nieve que las familias no van a poder afrontar. Me temo, que nuevamente serán los ayuntamientos los que paguen el pato de una política mal hecha. Y los ayuntamientos están cada vez más asfixiados. Así no podemos seguir.
-¿Qué se les pide desde el Ayuntamiento al resto de administraciones?
Como te decía, la competencia de Energía es del Gobierno de España. Es quien debe asegurar que la energía sea un derecho y poner los mecanismos para que no se le pueda cortar la luz a nadie. Es quien tiene que regular de manera justa, para que: las grandes empresas dejen de especular con el precio de la energía, para que todas las empresas energéticas aporten al bono social, y más las que más ganan, más paguen. Es el Gobierno de España quien tiene que asegurarse de que se acaban las estafas, quien tiene que hacer un recibo eléctrico comprensible, optimizado, barato, renovable,… Todo esto es responsabilidad del Gobierno de España, en este caso la responsabilidad no es compartida. Ahora bien, en Cataluña tiene la ley más avanzada en materia de pobreza energética y su parlamento ha regulado el principio de precaución ante el corte. Se puede tomar nota.
-Lo ocurrido tras el paso de Filomena, ¿servirá de lección o todo sigue igual?
¡Qué drama lo que ha sucedido! En plena ola de frío, con una crisis económica, social y sanitaria que está poniendo en jaque a millones de familias y negocios, resulta que las grandes eléctricas suben el precio de la luz, ¡cuando más falta hace! Es terrible. Hasta que no cambie el sistema de fijación de precios de la electricidad, y se frene la especulación del mercado marginalista, no va a parar el saqueo. El problema vuelve a ser regulatorio. Y es que no tiene nada que ver lo que pagamos por la energía, con lo que les cuesta a las grandes eléctricas producirla. Hasta que no se ponga negro sobre blanco, nos van a seguir saqueando. España está entre los países con mayor índice de pobreza energética de la Unión Europea, tiene una de las facturas eléctricas más caras, y las empresas que dominan el sector son de las que más ganan y más contaminan. Algo falla ¿no? Necesitamos un Gobierno valiente que les plante cara y legisle para la gente.
