El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, en sesión ordinaria celebrada de forma telemática, ha aprobado hoy por unanimidad una Declaración Institucional impulsada por el Equipo de Gobierno en apoyo al mantenimiento de la planta de Airbus en Puerto Real.
El documento, de respaldo al comunicado del comité interempresas de Airbus, ha sido leído por tres representantes del comité de empresa de Airbus Puerto Real, José María Guerrero Muñoz, Alejandro González García y Juan Antonio Guerrero Márquez. En él se destaca que España, siendo un ‘país Airbus’ al ser miembro fundador del mismo como Agrupación de Interés Económico (AIE) y accionista desde su conversión en sociedad., tiene “una muy reducida participación en la mercantil, un escaso 4%”, frente a otros estados que tienen “participaciones de casi el 11%, como Francia y Alemania, con lo cual la influencia sobre la carga de trabajo es definitiva”.
También se expone que España “no cuenta en la actualidad con un plan tecnológico específico para el sector aeroespacial, a pesar de los múltiples intentos que el sector ha realizado desde el año 2003, con gobiernos de uno y otro sentido y en todo tipo de coyunturas económicas”. Y se resalta que la participación de la industria aeronáutica española y andaluza en los procesos de la Industria 4.0 y digitalización “al mismo nivel de accesibilidad y financiación que sus socios europeos es una necesidad urgente, ya que sin ella la competencia real sería imposible, quedando relegada nuestra industria a posiciones aún más bajas en la cadena de suministro, desde las que resultaría casi imposible mantener ningún liderazgo industrial, quedando abocados en un plazo no muy largo a procesos de deslocalización”.
“Falta la decisión política y la dotación de medios necesarios en la administración española para abordar un Plan Estratégico Nacional Aeroespacial. España es el único de los ‘países Airbus’ que no lo tiene, lo que nos deja en condiciones competitivas adversas”.
Y con respecto a la planta de Airbus en Puerto Real, la Declaración Institucional recoge que “no podemos dejar que cierre un espacio en el que trabajan en torno a 400 personas de plantilla y en torno a otras 1.200 más correspondientes a la industria auxiliar que, en la mayoría de los casos, suele ser la gran olvidada en los conflictos laborales”. “Es urgente. Es imprescindible que actuemos y que hagamos todos los esfuerzos por mantener cada puesto de trabajo. Y por mantener todas las fábricas. No sólo en la Bahía, sino en el conjunto de Andalucía, refiriéndonos a las plantas de El Puerto de Santa María, Tablada, San Pablo y Puerto Real”.
Y para ello, es “fundamental” realizar “un frente común de apoyo, que lanzamos desde el municipalismo, pero en el que tenemos que sumar a la Junta de Andalucía, con competencias en materia de empleo, y, por supuesto, al Gobierno Central, que cuenta con Participación en el Consejo Administrativo de Airbus a través de la SEPI”.
La Declaración Institucional concluye que el Ayuntamiento de Cádiz “apuesta y apoya sin ninguna duda la continuidad de la planta de Airbus en Puerto Real y considera que todas las administraciones públicas deben impedir el cierre de la planta de Airbus Puerto Real; considera que la empresa Airbus debe aumentar sus esfuerzos en velar por las condiciones de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras, incluyendo a la industria auxiliar; cree que la SEPI debe aumentar y reforzar su participación en Airbus y en todas las empresas con participación pública; considera que se debe confeccionar un plan tecnológico estratégico nacional para el sector aeroespacial; y por último, apoya decididamente la promoción comercial del sector, con búsqueda activa y colaborativa de clientes por todo el mundo”.
Acto seguido se ha abordado otra Declaración Institucional, impulsada también por el Equipo de Gobierno y respaldada por todo el arco plenario. Fernando Moreno Bernal, en representación de la Asociación Andaluza para el Fomento de la Economía del Bien Común, ha dado lectura al documento en apoyo al movimiento de la Economía del Bien Común, un movimiento ciudadano de alcance internacional surgido en el año 2010 en Austria que promueve la construcción de un sistema económico más sostenible, social, equitativo y duradero, fundamentado en los valores que hacen florecer las relaciones personales: dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad, justicia social, participación democrática y transparencia. Para ello, defiende la cooperación, la contribución al bien común y la solidaridad como valores supremos de la economía, frente a un sistema que privilegia el individualismo, la competitividad y el afán de lucro.
Moreno Bernal ha recordado que el Ayuntamiento de Cádiz firmó en septiembre de 2018 un convenio marco de colaboración con la Asociación Andaluza para el Fomento de la Economía del Bien Común, en cuyo ámbito se han cofinanciado dos cursos de verano de la Universidad de Cádiz.
Así, tras la aprobación de este punto, el Ayuntamiento de Cádiz “apoya el movimiento de la Economía del Bien Común, al objeto de impulsar e incorporar todas aquellas medidas que se encaminen hacia el desarrollo económico, el respeto humano y la conservación del medio ambiente dentro de su municipio. La transparencia económica, la participación democrática y las medidas que apruebe a favor de toda la ciudadanía deben ser insignias de su forma de hacer política y se comprometerá a tener en cuenta estos valores a la hora de tratar con todas las personas y organizaciones con las que trabaje, procurando fomentar el uso de esta buena praxis dentro de sus competencias”, según recoge la Declaración Institucional.
Por otra parte, el Pleno municipal ha respaldado de forma unánime la adhesión de la ciudad de Cádiz al Pacto de Milán de Política Alimentaria Urbana. La concejala de Medio Ambiente, Rocío Sáez, ha explicado qué significa el Pacto de Milán, “el primer protocolo internacional firmado en la ciudad de Milán en octubre de 2015 que anima a las ciudades a fomentar sistemas alimentarios sostenibles, saludables y accesibles a toda la población, así como proteger la biodiversidad y reducir el desperdicio de alimentos”. También ha indicado que en la actualidad son 209 ciudades las que están adheridas a este Pacto, apoyado por la FAO; y ha resaltado la edil que desde el Ayuntamiento de Cádiz ya se han desarrollado algunas medidas y actuaciones que se enmarcan dentro de los compromisos del Pacto de Milán, como el Suministro Mínimo Vital de Agua, el Ecomercado, campañas educativas de alimentación saludable dirigidas a la enseñanza reglada y colectivos varios, la colaboración para la implantación de huertos escolares, talleres de huertos urbanos, talleres para la potenciación de azoteas como áreas verdes, el programa contra la Obesidad Infantil del Plan Local de Salud o campañas en los colegios sobre la gestión del agua.
“Aun así -ha agregado Sáez- consideramos que la adhesión a este pacto será una herramienta de mucha utilidad para seguir avanzando en difundir la importancia de una producción y una alimentación más sana y más justa, y sacar el potencial que tenemos tanto en la ciudad como en la provincia. Este pacto no es un fin en sí mismo, ni una meta, sino que se trata de generar un marco de actuación que nos permita seguir desarrollando políticas y alianzas en el camino hacia un modelo alimentario más justo y sostenible”.
El Pleno ha continuado con la propuesta conjunta de todos los grupos municipales y del concejal no adscrito de adhesión a la solicitud del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz y la Cátedra del Carnaval de la Universidad de Cádiz ante la UNESCO para la inscripción del Carnaval de Cádiz en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En su defensa han intervenido Felipe Barbosa, en representación del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, y Paco Perujo, por la Cátedra del Carnaval de la UCA, y la moción ha recibido el respaldo de toda la Corporación municipal.
La concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, ha resaltado que el Carnaval de Cádiz “no necesita actualmente atraer más turismo, ni posicionarse mejor de forma internacional. Eso ya lo tiene. Lo que buscamos al nombrar el Carnaval de Cádiz como Patrimonio Cultural Inmaterial es exactamente lo contrario a la mercantilización de esta expresión nuestra y es, tal y como recoge la UNESCO entre sus objetivos: el mantenimiento de la diversidad cultural, y de nuestra particularidad cultural, frente a la creciente globalización. Porque la comprensión y la integración del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. Acepta la diversidad, es inclusiva, y la aleja de esas lógicas de mercado donde importa más el dinero que la esencia y que provoca distorsión en lugar de protección. Y eso, precisamente es lo que debemos proteger y abanderar en nuestras fiestas”.
Otra moción elevada al Pleno ordinario de abril ha sido el reconocimiento con carácter provisional y como entrega a cuenta a la empresa Compañía Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca SA del déficit de explotación del servicio del ejercicio 2018, por valor de 2.173.700 euros. Esta propuesta ha sido aprobada con los votos favorables del Equipo de Gobierno y la abstención del resto del arco plenario. El concejal de Movilidad, Martín Vila, ha explicado que el reconocimiento del déficit de 2018 al servicio de transporte es un trámite sobre lo que le corresponde a la empresa como pago del servicio, previa justificación y fiscalización de la Secretaría e Intervención municipal. “Es uno de los servicios urbanos de transporte con mayor número de viajeros y mejor servicio, por eso el déficit está muy por debajo de la media española”, ha señalado.
En este punto, la oposición ha recriminado al Gobierno municipal que no haya licitado aún el nuevo contrato del servicio de transporte público urbano. Al hilo, Vila ha apuntado al PP y al PSOE que “no pueden dar lecciones de gestión de transporte público cuando tienen el tranvías de Chiclana-Cádiz parado desde hace 20 años”. Y ha aseguraado que el pliego de transporte “avanza, porque queremos poner en orden el servicio y mejorarlo. No sólo se va a renovar la flota para que sea menos contaminante y más accesible, sino que también queremos dar mejores frecuencias de paso en los barrios de Loreto, Puntales, Barriada de La Paz, Astilleros, La Viña, Mentidero, etcétera, con objeto de que toda la ciudad tenga el mismo acceso al autobús”.
También se ha debatido la propuesta del grupo municipal Adelante Cádiz instando a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea a modificar y eliminar disposiciones del Decreto-Ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se aprueban medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en la comunidad autónoma de Andalucía -esto es, con los fondos Next Generation-, por considerar que pueden provocar graves perjuicios al ecosistema de esta ciudad y de Andalucía en general.
El PSOE ha presentado una enmienda de adición que, al igual, que la moción ha sido aprobada con los votos favorables del Equipo de Gobierno y los socialistas, con el voto en contra del PP y de Ciudadanos y la abstención de Domingo Villero. Dicha enmienda acuerda instar a la Junta de Andalucía a que incorpore en el Decreto Ley 3/2021 una Comisión de Control en el Parlamento, con la asistencia de todos los sectores implicados, sindicatos, empresarios, universidades… que impida la liberalidad en la gestión de esos fondos que suponga medidas que afecten a la legalidad y al control parlamentario. Y asimismo, que se inste al Gobierno de España a intervenir, en función de sus competencias, a fin de realizar las comprobaciones necesarias sobre la regulación de determinadas cuestiones que estén fuera de la competencia de la Junta de Andalucía por estar reguladas en Leyes Estatales y no poder regularse por vía de Decreto.
Sobre la moción de Adelante Cádiz, la edil de Medio Ambiente ha explicado que el problema con este Decreto es “la forma en que se agilizan los trámites. Debemos oponernos a que esa reducción de burocracia se convierta en un relajamiento y supresión de los controles. Controles laborales y, sobre todo, controles ambientales. La afiliación de tramitación se podría hacer con más personal, más recursos públicos, pero no a costa del mercantilizar lo público y relajar los controles ambientales”. Y ha defendido que estos fondos europeos “deben ser el impulso para la apuesta por una reindustrialización sostenible, sostenida, que apuesta por las energías renovables y encuentra en la lucha contra el cambio climático una oportunidad para generar puestos de trabajos estables y verdes”.
