Los continuos ataques por parte del Ayuntamiento de Cádiz a la Consejería de Educación y Deporte, más concretamente a la delegación en Cádiz, y a mí como delegado territorial, solo muestran el desconocimiento por parte de la concejala de Enseñanza y Contratación, Ana Fernández, del proceso de escolarización y del funcionamiento del sistema educativo en general. 

Cabe explicar que este proceso se inicia con la oferta de plazas, que se está sustentada en criterios técnicos y objetivos (son datos estadísticos de nacimientos y de las matrículas de los últimos cursos), y en un trabajo exhaustivo por parte de funcionarios públicos del servicio de Planificación.

Tras la publicación de esta oferta, las familias solicitan centro y finalizado el período de solicitud son las comisiones de garantías de escolarización, formadas por representantes del Ayuntamiento, AMPAS y la administración educativa, las que supervisan el procedimiento de admisión del alumnado y garantizan el cumplimiento de la norma que lo regula, es decir, el decreto de escolarización.

Esta Consejería y este Gobierno andaluz defienden la libre elección de centro por parte de las familias, y seguirá trabajando para que siga aumentado el porcentaje de familias que logran plaza en el colegio elegido en primera opción, como ha ocurrido en estos más de dos años de legislatura.

Solo desde un posicionamiento ideológico que defiende la imposición administrativa a las familias de un modelo educativo único, y por tanto, que aspira a secuestrar la oportunidad de elegir a las familias, con constantes ataques y agravios comparativos y que animan a un enfrentamiento, absolutamente ficticio, entre las redes pública y concertada, se puede plantear que exista un principio de desigualdad en la escolarización en los centros públicos, porque todas y cada una de las familias que solicitan una plaza en la red pública la obtienen.

En Cádiz capital, más del 95% de las familias han obtenido plaza en el centro elegido en primera opción, y en estos días estamos en el proceso de reubicación de este porcentaje de alumnos que han solicitado plaza en un centro con más demanda que oferta, como es habitual cada año, en función de las opciones subsidiarias de las familias y de las vacantes existentes. Y como siempre, hasta septiembre seguiremos incorporando unidades en función de las necesidades, en un proceso complejo, técnico y riguroso.

Cabe recordar en este punto que la educación en Andalucía, en los tres presupuestos aprobados por este Gobierno, ha recibido las mayores inversiones de la historia de nuestra Comunidad, y en concreto, la red pública dispone en 2021 de un presupuesto de 6.489 millones, con un crecimiento respecto a 2018, el último presupuesto socialista, de un 16,8% (936 millones más). La educación se defiende con inversión y recursos, no con eslóganes vacíos y falsas batallas, exhibiendo sin rubor un desconocimiento absoluto de la planificación del sistema educativo. Recordemos que durante la legislatura se ha invertido solo en la capital más de  3,3 millones de euros.

En Cádiz capital hemos ofertado para el segundo ciclo de infantil 950 plazas, de las cuales han quedado sin cubrir 299, es decir, un 31,47% de las plazas ofertadas quedan vacantes.

De los 15 centros públicos, 13 tienen vacantes, y de 13 concertados, 8 tienen vacantes. La bajada de la natalidad, una tendencia acusada en los últimos años, está afectando a los centros públicos y también a los concertados. Tenemos menos alumnos, pero cada vez más recursos a disposición de los centros, entre ellos la plantilla docente pública más amplia de la historia.

Mientras hay quien dedica su tiempo a enfrentar a unos centros contra otros y censurar la elección de las familias, nosotros seguiremos trabajando para mejorar la educación en Cádiz, y en Andalucía en su conjunto, respetando y defendiendo la libre elección del modelo educativo de las familias, como ampara la Constitución. Porque para este Gobierno andaluz, todos son nuestros alumnos, estén en el centro que estén por elección propia.