Así lo manifestó María Luisa en una rueda de prensa en la que sus abogados y representantes de la comunidad gitana han valorado la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que condenó a España a abonar 75.412,56 euros a esta mujer, que reclamaba una pensión de viudedad desde que murió su marido en el año 2000.
La demandante se casó por el rito gitano en 1971 y sus seis hijos aparecían en la cartilla de la Seguridad Social, el Libro de Familia y en el reconocimiento de familia numerosa.
En 2000 falleció su esposo, que había cotizado durante 19 años y un año después el Instituto Nacional de la Seguridad Social rechazó su solicitud de pensión de viudedad.
La Nena dijo comprender a los gitanos que no quieren inscribir su unión en el Registro porque “para nosotros nuestro matrimonio es legal”.
