El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Algeciras que, a su vez, anulaba el decreto de Alcaldía por el que el Ayuntamiento de San Roque de noviembre de 2020 por el que se contrataba a la empresa Valoriza para refuerzo en las tareas de limpieza viaria y en edificios municipales, incluyendo colegios.
Dicha sentencia declaraba nula dicha contratación porque, al superarse el límite de cuantía de seis millones de euros en los cuatro años de duración de contrato, era el pleno municipal, y no el primer edil, el órgano competente para la aprobación de dicha contratación.
Desestima, de este modo, el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento y Valoriza, en el que argumentan la convalidación posterior en pleno de dicha contratación, afirmando la nueva resolución judicial que “la ratificación a posteriori no convalida vicios de nulidad de pleno derecho, máxime afectando a todo el expediente de contratación. El uso generalizado de esta vía podría vaciar de contenido el reparto de competencias por razón de la materia entre el Alcalde y el Pleno, con riesgo de producirse fraude de ley. Se hurtó al pleno debatir sobre materias de su exclusiva competencia legal”, afirma la sentencia.
Supuesto enchufismo
Con esta sentencia, se da la razón de nuevo al concejal del Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG), Jesús Mayoral, que interpuso en su momento un recurso de reposición y llevó el caso a la vía contencioso-administrativa. Mayoral insiste, en un comunicado relativo a esta sentencia, en que esta contratación “había provocado una alarma social, porque el resultado de la contratación por parte de Valoriza del personal necesario para los servicios , había beneficiado de una forma masiva a familiares directos del alcalde y los concejales del equipo de gobierno y a personas del entorno del PSOE”.
Añadía Mayoral que “en vez de acatar la sentencia, estamos seguros que para ganar tiempo en una huida hacia adelante la recurrirán al TS en Casación pero de momento ya es el Juzgado de Algeciras el que ha declarado nula la contratación y ratificado por el TSJA , y condenando en costas a los recurrentes”.
Contrato garantizado
En respuesta a esta sentencia, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, sostiene que existen garantías jurídicas para que el contrato de Limpieza Viaria con la empresa Valoriza se mantenga por los dos años que le quedan de vigencia.
En opinión de Ruiz Boix, Mayoral sólo pretende es deteriorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.
Recordó Ruiz Boix que este contrato no sólo implica la limpieza de calles y plazas, sino también de distintos edificios públicos, como los colegios. En este sentido, destacó “la valoración sobresaliente” que se ha obtenido tanto de las direcciones de los centros como de las ampas y del profesorado, sobre todo teniendo en cuenta que han sido “tiempos difíciles, de pandemia, con mayores exigencias en lo concerniente a desinfección y también con cambios de horarios para tener presencia de empleadas de este servicio por la mañana y por la tarde en los colegios”.
Explicó que la última resolución del TSJA “se está estudiando por los servicios jurídicos municipales. A lo largo de este procedimiento ha habido distintas resoluciones y no todas han sido recurridas. Por tanto, tenemos que lanzar un mensaje de tranquilidad, de que el contrato sigue vigente y que, aunque hay que estudiar esta resolución, no hay atisbo de que vaya a concluir este contrato sino que se podrá mantener durante los cuatro años de vigencia”.
Apuntó el alcalde que “el origen del conflicto” radica en “un error del conjunto del Ayuntamiento”, porque no hubo ningún informe negativo a la decisión primera de aprobar este contrato mediante un decreto de Alcaldía. La legislación señala que los contratos de hasta 6 millones de euros y por un periodo de vigencia de un máximo de cuatro años pueden aprobarse a través de decreto, y que se entendió que al ser de 3 millones anuales por un plazo de cuatro años no había ningún problema. Al percatarse del error, porque la suma de cuatro años hace ascender el monto total a 12 millones, se llevó a Pleno para su convalidación, como así fue finalmente.
En este sentido, destacó el primer edil que todos los grupos políticos de la oposición, excepto el representante del PIVG, “comprendieron esta realidad” y “ninguno siguió con resolver judicialmente” el asunto. Considera Ruiz Boix que Jesús Mayoral “lo único que pretende es entorpecer, que haya un colapso y que se deteriore el servicio de Limpieza Viaria. Y no lo va a conseguir”.
Recalcó que los servicios jurídicos del Ayuntamiento “están estudiando todas las resoluciones, algunas no se han recurrido y adquieren firmeza y con ello tenemos la seguridad de que se cumpla el contrato como estaba previsto”.
En cualquier caso, adelantó el alcalde que “vamos a iniciar el nuevo pliego del contrato de Limpieza Viaria que va a tener mejoras para los empleados y en los servicios que se prestan en todos los núcleos de población. Con estas mejoras el importe será superior a los 3 millones de euros al año, y también aumentará la vigencia del contrato a diez años. Por lo tanto, tendrá que ir a Pleno, será un procedimiento laborioso”.
“Y mientras esa licitación se produce -manifestó- tenemos la certeza de que el contrato actual va a seguir gracias a la resoluciones judiciales que sí tienen firmeza, de manera que vamos a poder seguir presentando este servicio con la calidad de hasta la fecha”, concluyó el primer edil.
