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El Gobierno comprará terrenos a Defensa para costruir viviendas sociales en Algeciras

En concreto, en la localidad algecireña serán edificadas 125 viviendas en el área de Acebuchal Norte

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  • Sede del Mitma. -

El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, ha aprobado destinar más suelos en desuso del Ministerio de Defensa a potenciar el desarrollo urbanístico y la promoción de vivienda asequible, con dos actuaciones que suman un total de 199 viviendas de protección pública para alquiler asequible en Algeciras y San Fernando, en la provincia de Cádiz.

En Algeciras se van a construir un total de 125 viviendas en el Área de reforma interior 7.ue.5 'Acebuchal Norte IV', mientras que en San Fernando se actuará en un solar donde se ejecutarán 74 viviendas, como ha indicado Subdelegación del Gobierno en Cádiz en una nota.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) va adquirir, a través de la Entidad Pública de Suelos (Sepes), hasta 8,25 millones de metros cuadrados de terrenos públicos propiedad de Defensa para levantar, de forma estimada, alrededor de 20.000 viviendas asequibles en 34 municipios de 14 comunidades autónomas --659 en Andalucía-- y en Ceuta y Melilla. El presupuesto estimado de la operación ronda los 620 millones de euros.

Tras la adquisición por parte de Sepes, la entidad preparará los suelos para que sean urbanizables y facilitar la edificación residencial a través de fórmulas público-privadas que impliquen la cesión del suelo.

Con esta acción, el Gobierno ha encomendado a Mitma, al Ministerio de Hacienda y Función Pública y al Ministerio de Defensa a tramitar los instrumentos jurídicos necesarios para llevar a cabo la operación de compraventa de los suelos entre el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) y Sepes.

La iniciativa, enmarcada en el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA), permitirá disponer de suelo público repartido por la geografía española para el desarrollo de vivienda de protección pública y así contribuir a garantizar el derecho constitucional del disfrute de una vivienda digna y adecuada y que esta disponibilidad sea equilibrada en todo el territorio.

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