El grupo conservacionista Verdemar no ceja en su empeño de que se investiguen las presuntas irregularidades que, a su parecer, se llevan cometiendo desde 2013 en la parcela de ADIF del Centro Logístico de Mercancías por parte de Iberinox (ahora ELG Haniel) antiguo proveedor de Acerinox.
Tras cinco meses de silencio administrativo a su petición de información a la secretaria de Estado recientemente destituida Isabel Pardo de Vera, tristemente conocida por no poder meter en los túneles los trenes de la zona norte, Verdemar ha acudido directamente a la ministra de Transporte Movilidad y Agenda Urbana, y numero 3 al Congreso de los Diputados por la provincia de Barcelona, Raquel Sánchez, a quien remitió un escrito con fecha 4 de abril de este año en el que se solicita conocer “el estado legal y administrativo de las actuaciones denunciadas que se llevan a cabo”, la “relación detallada de informes y denuncias, en su caso, existentes acerca de lo denunciado” y “actuaciones administrativas y judiciales realizadas o proyectadas, dirigidas a poner fin estas acciones y la recuperación ambiental de la zona”.
E.L.G Haniel es la empresa numero uno mundial en el comercio, procesamiento y reciclaje de materias primas para la industria del acero inoxidable, así como materiales de alto rendimiento como las superaleaciones y el titanio, que desde el mes de junio del año pasado adquirió a la empresa vasca Iberinox, ejerciendo, según pudo saber este medio, las mismas labores y en el mismo sitio. Verdemar insiste en su escrito en que “en el suelo de ADIF se pueden estar llevando a cabo trabajos ilegales y peligrosos desde el año 2013 por parte de la empresa Iberinox 88, ahora en manos de la multinacional Alemana E.L.G Haniel”.
En 2021, Verdemar presentó alegaciones al expediente de legalización de las actividades que viene ejerciendo desde el año 2013. Estas actividades consistentes en la “manipulación, clasificación, selección y traslado de metales para su posterior venta”. Recalcan que, “después de más de un año”, el Ayuntamiento de San Roque “sigue sin contestar y nada sabemos del expediente” y que la actividad “supuestamente ilegal” se lleva a cabo “incluso en la servidumbre de la carretera A-405, camino de Castellar”, que gestiona la Diputación de Cádiz. “Allí han ocurrido accidentes” -en particular uno grave en 2015- “interviniendo la Inspección de Trabajo y los cuerpos de seguridad del Estado”. También se han denunciado -recuerdan- vertidos y “no sabemos si dicha empresa consta de licencia municipal y si ha obtenido las calificaciones ambientales exigidas por la ley”.
