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Viernes 15/11/2024
 

Campo de Gibraltar

El PP demandará a Ruiz Boix por su actitud dictatorial en los plenos

Critica que no se dejase grabar una sesión plenaria o el desalojo de la sala "sin motivos para ello, más que por el propio capricho personal"

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Desde el Partido Popular de San Roque, y ante la actitud totalitaria y dictatorial del alcalde de la ciudad, Ruiz-Boix, hemos tomado la firme determinación de tomar medidas legales en consecuencia.

Dicho comportamiento del alcalde durante la celebración de las sesiones plenarias ha sido palpable y escandalosa, impidiendo realizar grabaciones a ciudadanos particulares, desalojando la sala sin motivos para ello más que por el propio capricho personal e incluso invitando a abandonar un Pleno a nuestro portavoz sólo porque su intervención no era de su agrado.

Esta forma de proceder, lejana a las normas básicas de respeto al Estado de Derecho y a la propia democracia, nos ha llevado a someterlo a estudio en nuestro gabinete de servicios jurídicos, aprobando posteriormente en nuestro comité local denunciar ante fiscalía este descarado abuso de poder por considerarlo constitutivo de delito.

Esta decisión, muy madurada, queda fundamentada en el hecho de tener constancia de la querella criminal presentada por un ciudadano en el juzgado de primera instancia de San Roque por impedirle el alcalde grabar una sesión plenaria, en una clara vulneración de sus derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, en un alarde dictatorial de quien dirige una corporación local obligada a la transparencia, negando el derecho a la información y a la participación ciudadana. Desde el PP, por supuesto, apoyamos a éste o cualquier otro ciudadano maltratado por el que viene siendo el “modus operandi” habitual en el señor Ruiz-Boix.

En definitiva, ésta no es sino una prueba más del desprecio que el alcalde manifiesta abiertamente hacia cualquier ciudadano que no acate su forma de pensar y actuar. Ésta forma de proclamar el “pensamiento único” por parte del alcalde es un claro atentado a los derechos y libertades de la ciudadanía y, desde luego, hacia los miembros de la Corporación local, que no dejan de ser representantes democráticos de los ciudadanos, cosa que no vamos a tolerar utilizando todos los medios legales para evitar estas actitudes propias de un cacique de barrio.

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