El Defensor del Pueblo Europeo examinará la petición de amparo formulada por el sindicato Manos Limpias para los pescadores de la Bahía de Algeciras por el "perjuicio evidente" que sufren estos tras el lanzamiento de 70 bloques de hormigón por parte del Gobierno de Gibraltar el pasado 24 de julio.
En un escrito, la institución señala que, en primer lugar, se examinará la reclamación para ver si está dentro de su ámbito de competencias. En el mismo documento, firmado por el jefe del registro, Peter Bonnor, se indica que en caso negativo, éste informará "debidamente" al sindicado; mientras que si se considera competencia de la Institución, ésta escribirá a Manos Limpias.
En el mismo escrito, también se recuerda que las reclamaciones presentadas ante la Institución no interrumpen los plazos de recurso fijados en los procedimientos jurisdiccionales o administrativos.
Cabe recordar que Manos Limpias pidió el pasado 21 de julio el amparo del Defensor del Pueblo Europeo por la situación de los pescadores, "imposibilitada para faenar" por la actuación del Ejecutivo que preside Fabian Picardo "con el respaldo del Reino Unido".
El coordinador general de Manos Limpias en Andalucía, Arnaldo Fernández Calderón, ya avanzó a Europa Press en ese momento que el sindicato esperará a conocer la respuesta del Defensor del Pueblo Europeo a esta solicitud de amparo para decidir si formula también un recurso ante este organismo en el mismo sentido.
Además, el sindicato presentó una denuncia ante la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid contra el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y el representante del Reino Unido en la colonia, "como responsable subsidiario y solidario al ser Gibraltar colonia inglesa", por atentado al medio ambiente por el lanzamiento de bloques de hormigón en aguas de la Bahía de Algeciras.
En la denuncia, que se dirige al secretario general de la Comisión Europea (CE), se considera además a ambos mandatarios "cómplices, colaboradores y cooperadores necesarios en contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales, incluso desoyendo las comisiones rogatorias" que se les requieren de juzgados y tribunales" y se les reprocha que estén "consintiendo y apoyando el 'bunkering', incumpliendo con las leyes de la UE, que declaró 23 hectáreas marinas LIC (lugar de interés comunitario)".
