El proceso de demolición se inició en enero de 2006, con la imposición de una denuncia urbanística por parte del Ayuntamiento, así como una orden para que paralizaran la obra. Los promotores no hicieron caso a la orden y terminaron de levantar una casa de 90 metros cuadrados en una parcela de 500, que según fuentes municipales se empleaba como segunda vivienda. En octubre de 2007 la Delegación de Urbanismo, dirigida por José Pedro Butrón, propuso el derribo, que un mes más tarde tuvo el visto bueno del entonces alcalde, Ernesto Marín.
La Gerencia de Urbanismo dio la posibilidad a los propietarios de que llevaran a cabo ellos mismos la demolición. De haber derribado ellos la vivienda se podría reducir la cuantía de la sanción impuesta por el Consistocio, una circunstancia que finalmente no se ha producido, al haber sido el Ayuntamiento el que ha realizado esta labor.
Dado que los propietarios no derribaban el inmueble, Urbanismo pidió permiso al Juzgado para poder actuar subsidiariamente. El Juzgado concedió el 12 de enero un permiso al Ayuntamiento para poder entrar en la vivienda y derruirla, dando un plazo de dos meses a los propietarios para que la desalojaran, un plazo que concluía ayer jueves.
Hipoteca sin vivienda
Por su parte, el propietario de la finca, Juan Utrera, ha lamentado las pérdidas económicas que ha supuesto este derribo. “Tengo una hipoteca de 1.500 euros al mes para pagar una casa que ya no existe y, además, me han sancionado con 115.00 euros”, asegura el hombre.
Sin embargo, el dueño de la parcela reconoce que levantó la vivienda sin la correspondiente licencia, por lo que no se ha opuesto al derribo. Por eso, Utrera no ha presentado recursos contra esta decisión urbanística.
La casa pertenecía a una familia de Medina afincada en Cádiz y estaba ocupada por uno de sus hijos.
