Verdemar-Ecologistas en Acción ha registrado en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una denuncia dirigida a su titular, Miguel Arias Cañete, en la que asegura que uno de los motivos de que la finca de La Almoraima sea "deficitaria" es tener como directora gerente a Isabel Ugalde Ruiz de Assin, "exdiputada del PP que disfruta de privilegios inusuales desde marzo de 2012". Por ello, solicita conocer sus honorarios y gastos de representación a cargo de la casa convento.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se solicita también el proyecto del Plan Especial de Usos de la finca de La Almoraima de la empresa Ejecución del Planeamiento, S.L., así como el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Castellar y La Almoraima, S.A. para el desarrollo del Plan Especial de Ordenación de Usos de la finca La Almoraima.
El texto de la denuncia, que firma el presidente de Verdemar-Ecologistas en Acción, Antonio Muñoz, recoge que la salida para mejorar la "mala gestión practicada" en la finca de La Almoraima "no es, para nada, su puesta en venta y posterior privatización". "Que la gestión privada de un bien público sea mejor que la gestión pública es un sofismo que rechazamos con contundencia", añade.
Argumenta que la gestión "perpetrada" en la finca en estos dos últimos años, unida a la llevada a cabo anteriormente desde 1996 hasta 2004 --tiempo de Gobierno de España del PP---, "les hace copartícipes y responsables de dicha mala gestión". Enfatiza que la "ineficacia e ineptitud en el manejo sostenible de los extraordinarios valores naturales de este espacio privilegiado se evidencian en el deterioro comprobable que padece la finca".
Incide en que uno de los motivos de que sea "deficitaria" reside en que Isabel Ugalde Ruiz de Assin sea la directora gerente de La Almoraima, S.A., quien disfruta de "privilegios inusuales" desde marzo de 2012 y "exhibe un conflicto de intereses escandaloso, al ser propietaria privada y gestora pública de manera simultánea".
"Sueldo de 100.000 euros anuales"
En este sentido, preguntan los ecologistas si no es cierto que "goza de un sueldo de 100.000 euros anuales y cuenta con varios asesores, vive y come gratis con su familia en la casa convento de la finca".
El colectivo ecologista tilda de "intolerable" la política consistente en "desposeer al Estado, dejándolo desprovisto de parte importante del patrimonio público para que pase a manos de empresas privadas, muchas veces amigas de importantes miembros de su partido".
Agrega que La Almoraima alberga "bienes públicos de valor incalculable, como monumentos artísticos o naturales que no se pueden ver sólo bajo el prisma de la rentabilidad cortoplacista. La continuidad de su carácter público y un cambio en profundidad de su manejo, son los requisitos para que este espacio emblemático se convierta en fuente de riqueza y bienestar", sentencia.
