En esta ocasión, la casa está construida en suelo no urbanizable protegido, de interés agrícola. El inmueble, sobre el que pesa una sentencia firme de derribo, cuenta con 120 metros cuadrados y se ubica en una parcela de 1.500 metros.
El Ayuntamiento debe llevar a cabo la demolición porque ha sido requerido por el Juzgado de lo Penal para que ejecute la sentencia, algo que hará en las próximas semanas.
El expediente se inició en el año 2003, con la interposición de una denuncia por parte del Ayuntamiento por un delito contra la ordenación del territorio. Cuando los técnicos municipales denunciaron, la obra se encontraba en sus cimientos, sin embargo los propietarios siguieron la construcción hasta su total terminación.
Tras un largo proceso penal, el 27 de febrero de este año, el Ayuntamiento fue requerido por el Juzgado para derrumbar la edificación.
Al parecer, la propietaria del inmueble ha fallecido, por lo que el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con los herederos para ofrecerle la posibilidad de que ejerciten ellos mismos el derribo. No obstante, y mientras se espera una respuesta de la familia, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha solicitado ya un presupuesto para tenerlo todo listo en caso de que finalmente tenga que proceder a la demolición.
Según fuentes municipales en la vivienda actualmente no habita nadie.
Pese a todo lo anterior, desde el Ayuntamiento chiclanero se ha vuelto a recalcar que la mayor parte de las viviendas que actualmente se encuentran en situación irregular no serán demolidas, sino legalizadas. La puesta en marcha de las Áreas de Gestión Básica (AGB) posibilitará la regularización de unas 15.000 casas en el municipio, que obtendrán todos los servicios básicos esenciales, unos costes que asumirán los propietarios.
Los datos municipales apuntan a que un 99 por ciento de las viviendas seguirá en pie. En base a ello, el Ayuntamiento de Chiclana ha querido lanzar nuevamente un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y calmar la alarma que generó el derribo del pasado jueves.
No obstante, lo anterior no significa que el Ayuntamiento no vaya a derribar las casas sobre las que pesen órdenes judiciales en firme de demolición, puesto que el Consistorio cumplirá en todo momento la legalidad vigente al tiempo que colaborará con los estamentos judiciales que se lo demanden, como por ejemplo la Fiscalía de Medio Ambiente. Según fuentes de Urbanismo, actualmente se encuentran abiertos varios expedientes, sin embargo, sólo hay una sentencia firme de demolición, la que se refiere a la vivienda que será derribada en las próximas semanas.
