El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, propondrá en el próximo Pleno Ordinario de febrero que el Ayuntamiento de San Roque se sume a un conflicto en defensa de la autonomía local impulsado por numerosos consistorios españoles. El objetivo último es conseguir la impugnación y la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Local, aprobada a finales de diciembre.
El primer edil ha explicado que “afortunadamente la legislación española dota a los ayuntamientos de ciertas herramientas para preservar su autonomía local frente a agresiones de administraciones superiores. De aplicarse este texto legal tal y como fue aprobado en el Congreso de los Diputados, en San Roque en la práctica no se podrán prestar servicios sociales comunitarios como los programas de los que se benefician los colectivos en riesgo de exclusión social: menores, inmigrantes, mayores, familia/infancia...”.
“Pero también -ha explicado- dejaría de funcionar el Área de Empleo, más conocida como Amdel, desde la que se llevan a cabo con éxito desde hace muchos años programas dirigidos a personas en desempleo, como el Club del Trabajo, o numerosos cursos de formación. Sin olvidarnos de instituciones emblemáticas como la Universidad Popular, de la que en la actualidad se benefician más de 2.000 usuarios”.
“Considera el Gobierno -ha señalado el primer edil- que estas y otras cuestiones son competencias impropias de los ayuntamientos. Sin embargo, nosotros consideramos que son una serie de derechos consolidados de los ciudadanos a los que no estamos dispuestos a renunciar”.
“En el caso de San Roque -ha manifestado el alcalde-, contamos con recursos económicos suficientes para llevar adelante estas políticas, disponemos de las instalaciones adecuadas y, lo más importante, nuestro equipo técnico es profesional y eficaz. No cabe, por tanto, admitir este atropello puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy”.
Ha añadido que “no sólo es mi opinión, o la del PSOE, partido en el que milito -puntualizó Ruiz Boix-. A excepción del PP y del PNV, todos los partidos representados en las Cortes comparten este punto de vista. De manera que, por primera vez en la historia de la Democracia, los ayuntamientos se unirán para defender la autonomía local mediante la interposición de un conflicto de competencias. Es necesario contar con una séptima parte de los ayuntamientos españoles”.
"Mi propuesta al Pleno del Ayuntamiento de San Roque -ha precisado- es que nos sumemos a este conflicto en defensa de la autonomía local contra la denominada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Y para ello debe aprobarse por mayoría absoluta”.
“Apelo al sentido de la responsabilidad de todos los miembros de la Corporación -dijo el alcalde- para ir unidos ante una cuestión que, más allá de los colores políticos, nos afecta a todos. La democracia conlleva alternancia en el poder, y esta Ley no sólo va a perjudicar al actual Equipo de Gobierno, sino a todos los que le sigan en el futuro. Además, se trata de una cuestión de principios, de preservar la autonomía local frente a una intromisión inaceptable de una administración superior”, ha fainalizado.
El conflicto en defensa de la autonomía local está recogido en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Se trata de pedir la impugnación de una Ley cuando se considera que invade competencias de ayuntamientos, diputaciones o cabildos. Para ser aceptada se exige que se sumen a ella una séptima parte de los municipios de todo el territorio nacional.
En el caso de conseguirse ese porcentaje de ayuntamientos, el Consejo de Estado debe elaborar un dictamen sobre la impugnación solicitada. A continuación, los ayuntamientos podrán plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, iniciándose así un trámite que puede acabar con la impugnación de la Ley y, ya a más largo plazo, su declaración de inconstitucionalidad.
