El consejero andaluz de la Presidencia, Manuel Jiménez, ha considerado este jueves "acertado" un control permanente en la frontera entre España y el Peñón, planteado por los funcionarios de la Comisión Europea (CE) que han visitado por segunda vez la zona, al tiempo que ha exigido al Gobierno central que cumpla con sus compromisos para agilizar el tránsito de personas.
En declaraciones de los periodistas, Manuel Jiménez Barrios ha señalado que la Junta apoya ese control permanente porque ello obligaría a la flexibilización en el tránsito de personas de uno a otro lado de la verja. Ha considerado curioso que durante la presencia de los observadores de la Unión Europea no se hayan producido las interminables colas que sufren a diario los trabajadores españoles que tiene que acceder al Peñón.
Jiménez Barrios ha recordado que en octubre del pasado año, durante una visita a Sevilla del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, le planteó que para el Gobierno andaluz no es de recibo la situación de conflicto diplomático que está impidiendo el libre tránsito de los ciudadanos de uno y otro lado de la verja y que afecta, especialmente, de los ciudadanos españoles que trabajan en el Peñón.
Ha lamentado que, a día de hoy, no se haya materializado el compromiso que el ministro adquirió con la presidenta de estudiar una condiciones para flexibilizar ese tránsito de personas por la verja. Ha apuntado que mientras el Gobierno no ha cumplido con sus compromisos, las autoridades gibraltareñas sí han hecho una parte de lo que se habían comprometido.
Se ha referido, concretamente, al compromiso del Ejecutivo nacional sobre la ampliación en los accesos al Peñón con un tercer carril, los cambios en las marquesinas o avances tecnológicos para que el control de entrada sea más flexible.
El consejero ha indicado que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene que dar solución a un problema de conflicto diplomático que está afectando gravemente a la economía de La Línea de la Concepción.
Ha recalcado que la administración española tiene que posibilitar que el tránsito sea razonable y ha indicado que hay medios tecnológicos que permiten luchar contra el contrabando "sin que ello signifique seis horas" de colas.