Verdemar-Ecologistas en Acción ha dirigido un escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, al de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la Presidencia de la Junta de Andalucía en el que reclama la participación del Reino de España en el procedimiento de toma de decisión ambiental por efectos transfronterizos del proyecto 'Western Beach-land reclamation and construction of sports facilities' por parte del Gobierno de Gibraltar, que se desarrollaría en la zona noroccidental del istmo ganando terrenos al mar.
   En el referido escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Verdemar expone que ha tenido conocimiento del inicio del procedimiento de autorización del proyecto, que consiste en "ganarle terrenos al mar en una superficie de 73.200 metros cuadrados para usos deportivos y de industria ligera".
   Informa de que el procedimiento se encuentra en trámites de evaluación ambiental, advirtiendo en este punto de que "son evidentes y significativos los potenciales impactos ambientales transfronterizos y de seguridad colectiva que generaría".
   En este sentido, señala que "el mismo Ministerio de Defensa Británico alega las dificultades de evacuación que provocaría de los alivios de aguas fecales provenientes del territorio español o los riesgos sobre la seguridad aérea dada la proximidad de la pista y de los depósitos de oxígeno".
   A juicio del colectivo ecologista, también hay que tener en consideración otros impactos, como "la alteración de la hidrodinámica litoral, la afección al caladero español de poniente, las emisiones difusas de la industria ligera y del incremento del tráfico rodado en un área que sufre los niveles más altos de concentración de partículas sólidas de toda España", entre otros.
   Por ello, consideran "del todo necesaria" la participación de España en dicho procedimiento "en aras de salvaguardar la integridad ambiental de su territorio anexo y de la salud pública de los vecinos de La Línea de la Concepción".
FUNDAMENTOS DE DERECHO
   Expone el colectivo ecologista que a estos efectos es de aplicación la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, que así lo establece en su artículo 50 sobre consultas de otros estados en sus procedimientos de evaluación ambiental.
   Concretamente, recoge que cuando un Estado notifique un plan, programa o proyecto previsto en su territorio que puede tener efectos ambientales significativos en España, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informará al otro Estado, previa consulta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sobre la voluntad de participar o no en la evaluación ambiental correspondiente.
   También pueden solicitarlo, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente o una comunidad autónoma cuando consideren que la ejecución de un proyecto de otro Estado puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente español.
   Una vez realizadas las consultas a las administraciones públicas afectadas y al público interesado y realizado el análisis técnico del expediente, el Estado español remitirá al Estado de origen un informe sobre el resultado de las consultas efectuadas, así como las conclusiones sobre los impactos transfronterizos del proyecto, las alternativas estudiadas, las medidas preventivas, correctoras y, si proceden, de seguimiento.
   En la misma línea, Verdemar también alude al artículo 7 de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.