El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha destacado la gran acogida que ha tenido, en lo que a información y recogida de solicitudes se refiere, el decreto de inclusión social que está gestionando el Ayuntamiento y que permitirá al Consistorio contratar a una serie de personas que cubrirán un contrato de trabajo, con una duración determinada entre quince días y tres meses, para realizar distintas labores en varias de las delegaciones municipales.
Se trata, destacó el primer edil, de poner a disposición de la sociedad algecireña todos los medios de que dispone el Ayuntamiento para luchar contra el desempleo, una de las principales preocupaciones de cualquier gobernante en la actualidad.
Durante la primera semana, ya que el plazo de presentación de solicitudes comenzó el pasado lunes día 14, la Oficina de Atención al Ciudadano informó a un total de 1.982 solicitantes, de los cuales, 258 ya entregaron completa sus solicitudes, que tendrán que ser valoradas por los servicios técnicos municipales según los ratios que determina el propio decreto.
Landaluce recordó, que las solicitudes podrán ser entregadas hasta el próximo 30 de octubre, en esta Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, situada en el edificio municipal de la calle Regino Martínez, de lunes a viernes, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde. Asimismo, los interesados serán informados en esas dependencias sobre cualquier cuestión que necesiten sobre este programa.
Igualmente, el alcalde explicó que la Oficina de Atención cuenta con un apartado especial destinado a gestionar las solicitudes e información relativas a este decreto, y que el normal funcionamiento de la misma no se ve alterado para el ciudadano que acuda a plantear cualquier otra cuestión o petición de información.
Los requisitos exigidos para poder acogerse a esta iniciativa son, en primer lugar, residir en este municipio; ser demandante de empleo inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo y no haber trabajado más de 90 días durante el año anterior a la petición; que al menos un año antes de la presentación de la solicitud todas las personas que componen la unidad familiar hayan estado empadronadas como residentes en un mismo domicilio ubicado en un municipio de Andalucía, a excepción de las personas menores nacidas, adoptadas o acogidas con posterioridad a esa fecha, las víctimas de violencia de género y las personas andaluzas retornadas.
Asimismo, también se exige que el importe máximo de los ingresos del conjunto de las personas que forman la unidad familiar deber ser inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), para unidades familiares de una sola persona, inferior a 1,3 veces el IPREM para unidades familiares de dos personas, Inferior a 1,5 veces el IPREM para unidades familiares de tres personas, e inferior a 1,7 veces el IPREM para unidades familiares de cuatro o más personas.
Finalmente, se exige que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, acreditada mediante informe realizado por la trabajadora social de los Servicios Sociales Comunitarios. El informe social sólo se emitirá si la persona solicitante cumple los requisitos señalados en este punto.
