Según las estimaciones realizadas por Altadis, compañía tabaquera líder en la lucha frente al comercio ilícito de tabaco, este fenómeno ocasionó un importante impacto económico negativo en Andalucía, que la empresa cifra en 796 millones de euros el año 2014, con un incremento de 266 millones respecto a la cantidad estimada de 2013, cuando ese impacto se cuantifica en 530 millones de euros.
De esos 796 millones de euros, Andalucía dejó de ingresar 538 millones por la pérdida de recaudación fiscal al tener cedido, igual que el resto de comunidades autónomas de régimen común, el 58% del impuesto especial y el 50% del IVA de las ventas de tabaco producidas en la Comunidad. El resto, 258 millones de euros, fue la pérdida económica bruta estimada que el contrabando de tabaco ocasionó a todo el sector del tabaco en su conjunto, incluidos estanqueros andaluces y fabricantes y distribuidores que operan en la Comunidad.
El año 2013, la pérdida de recaudación fiscal para Andalucía ascendió a 358,6 millones de euros y el perjuicio para el sector a 171,4 millones. Según las ventas estimadas de tabaco de contrabando en las distintas provincias andaluzas durante el año 2014, Málaga y Sevilla fueron las que mayor impacto económico negativo sufrieron por la práctica de esta actividad ilegal, con cerca de 245 millones de euros cada una. La tercera provincia más afectada fue Córdoba, con un perjuicio económico que superó ligeramente los cien millones de euros (100,2), seguida por Cádiz, con un impacto de 93,5 millones, Huelva (59,9), Almería (23,7), Granada (20,3) y Jaén (9,2).
El impacto económico negativo del comercio ilícito de tabaco en Andalucía será uno de los aspectos que se abordará, mañana, día 17, en el I Congreso Frente al Contrabando de Tabaco, organizado por Altadis, que tendrá lugar en Sevilla y donde está prevista las asistencia de más de 500 personas, la gran mayoría de ellas estanqueros de todas las provincias andaluzas. Este I Congreso será inaugurado por el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, y contará también con la participación del presidente de Altadis, Juan Arrizabalaga, y de algunos miembros de los distintos cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, además de representantes de otras instituciones y organismos implicados en la solución de este grave problema, que afecta a toda la sociedad.