El Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional ha acordado "aceptar la competencia para investigar la detención ilegal y las torturas que sufrieron Nacho Mínguez, presidente de VOX Madrid, y el abogado Pedro Fernández, responsable de los servicios jurídicos del partido, que imputan a Fabián Picardo, Ministro Principal de Gibraltar, y a los funcionarios policiales y judiciales que intervinieron en dichos hechos ocurridos entre los días del 20 al 24 de junio", según lo han anunciado desde VOX esta misma mañana a través de una nota de prensa.
Recuerdan que el pasado mes de junio, un grupo de VOX accedió al Peñón y desplegó en el lado norte la bandera nacional de 200 metros cuadrados para "reivindicar la soberanía del mismo, apoyar a los pescadores y denunciar las actividades delictivas que se cometen allí impunemente".
Los citados delitos, previstos y penados en los artículos 174 a 176 y 472 a 484 del código penal, supondrían penas de hasta seis años de prisión.
La citada resolución judicial acuerda, conforme a lo solicitado por los querellantes, la práctica de diligencias urgentes de investigación, consistentes entre otras, en oficiar a la Policía Judicial que acredite la residencia en España de Fabian Picardo y recabar del Ministerio de Asuntos Exteriores para que informe acerca de si tuvieron conocimiento oficial de los hechos objeto de la querella y, en su caso, de la fecha y forma en que se les comunicó la detención ilegal de ambos ciudadanos españoles. Y también de si por parte de España se ha emitido nota de queja o protesta frente a las Autoridades británicas por dichos hechos o por cualesquiera otros relacionados con la actuación de las Autoridades británicas en Gibraltar. Asimismo, si el ministro principal de Gibraltar está amparado por los beneficios de la inmunidad diplomática.
Además, la resolución judicial pretende solicitar por medio de Comisión Rogatoria a las Autoridades Británicas copia de los expedientes policiales y judiciales tramitados con ocasión de las detenciones y enjuiciamiento practicados a los querellantes; y recibir declaración testifical al abogado Pedro Fernández.
VIVA ha contactado con el gabinete de prensa del Gobiernod e Gibraltar, sin que haya habido pronunciamiento alguno al respecto.
