El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta elevará una queja a la Junta de Andalucía por las que considera desafortunadas declaraciones de su delegado en la provincia de Cádiz, Fernando López Gil, en respuesta a las demandas para que el gobierno autónomo corrija las graves deficiencias en materia de medios humanos y materiales en los juzgados de lo Social y Mercantil y las elevadas cargas de trabajo y retrasos en los tiempos de respuesta que afectan a las tres comarcas: Cádiz-Bahía, Jerez y Campo de Gibraltar.
El presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez, dirigirá sus quejas al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, y el consejero de Justicia, Emilio de Llera, por lo que considera una “falta de respeto institucional” del delegado del gobierno autonómico hacia una corporación de derecho público que representa a más de 700 profesionales y operadores jurídicos, hacia los que muestra intolerancia además de muy poco conocimiento del ámbito de competencias de cada administración.
José Blas Fernández puntualiza que la competencia en materia de creación de nuevos juzgados es exclusiva de la Junta de Andalucía, dotándolos de los medios humanos y materiales, siendo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que, en última instancia, designa a los jueces, recordando así al delegado que este organismo ha alertado –en un informe de sus inspectores- de la situación de elevada carga de trabajo y la existencia de indicadores de resolución y atención de casos muy elevados, superiores a un año, en nuestra provincia.
De hecho, la demanda para la creación de un nuevo juzgado en el Campo de Gibraltar y, adicionalmente, la creación de plazas de jueces de apoyo en las demarcaciones de Jerez y Cádiz, parte de un informe del propio CGPG, que supone una llamada de atención a la Junta de Andalucía para que cumpla con las promesas realizadas en la sede parlamentaria andaluza en 2015: la “inminente” puesta en marcha del número 2 de lo Social en Algeciras, entre otras mejoras de medios en los juzgados de la provincia, sin que hasta ahora se hayan llevado a cabo.
José Blas Fernández reitera el perfil de “comisario político” de Fernando López Gil que, lejos de responder a la solicitud de una reunión con los graduados sociales, desde hace seis meses, realiza manifestaciones de muy bajo tono institucional, demostrando un nulo conocimiento de las competencias de la Junta de Andalucía en materia de dotación de sedes judiciales.
El presidente le sugiere al delegado de Justicia que dirija sus esfuerzos a trabajar por la mejora de los medios judiciales, como el reagrupamiento de lo juzgados de Cádiz, repartidos por toda la ciudad con un elevado derroche en alquileres, en una única ubicación: la Ciudad de la Justicia, que va a para 15 años en forma de promesa incumplida.
El Colegio de Graduados Sociales reitera, que a pesar de las desafortunadas declaraciones del delegado de la Junta de Andalucía, prestará su colaboración leal en la mejora de los tiempos de respuesta a los casos que, en el ámbito de lo social, se demoran en más de un año, y cuya solución pasa por la adecuada dotación de juzgados por parte de la comunidad autónoma.
En otras cuestiones competencia de Ministerio de Justicia, como el tema de la especialización de los jueces, el Colegio no dudará en elevar sus demandas al Gobierno Central.
