El alcalde denuncia por prevaricación y delitos ambientales a responsables del Gobierno Central
El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha denunciado ante un juzgado sanroqueño al delegado del Gobierno Central en Andalucía, Antonio Sanz, al subdelegado en Cádiz, Agustín Muñoz, y al jefe de la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico. El primer edil les acusa de prevaricación y de presuntos delitos mediambientales tras negarse a tomar medidas para impedir el cierre por arena de la desembocadura del río Guadiaro.


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2017-10-09 13:23
En concreto, en la denuncia presentada“ante el Juzgado Mixto de San Roque que por turno de reparto corresponda”, Ruiz Boix denuncia a los tres responsables gubernamentales citados por “los delitos de prevaricación, contra los recursos naturales y el Medio Ambiente y contra la protección de la flora y la fauna”.

El regidor sanroqueño ha explicado que “junto al escrito se adjuntan varios documentos que sirven para sustentar nuestra denuncia. El primero fue remitido por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, en el que se recoge otro que envió este órgano autonómico a la Demarcación de Costas. En el mismo se sostiene, echando mano de la normativa pertinente, que la competencia en estos casos es del Gobierno Central, y se recuerda que Costas abrió por su cuenta recientemente y sin polémicas de competencias la desembocadura del río Salado, en Conil”.

“También -manifestó- adjuntamos a la denuncia el escrito de la misma Demarcación de Costas en el que se decide archivar el expediente sancionador que se instruyó contra el Ayuntamiento el año pasado. Recordamos que se nos quería sancionar porque, ante la inacción del Gobierno Central, tuvimos que abrir la desembocadura con la ayuda de vecinos y ecologistas”.

“En dicho escrito -añadió el alcalde- el mismo jefe de la Demarcación de Costas considera que 'no resulta descabellado achacar la urgencia de la intervención municipal a la demora en la autorización de las obras y actuaciones necesarias para restituir la normalidad en la zona de la desembocadura del río'. Esto significa que reconoce que era importante actuar con rapidez para evitar un desastre medioambiental, aunque pone esta pelota en el tejado de la Junta de Andalucía”.

“Este verano de 2017 -apuntó- se ha cerrado la desembocadura en tres ocasiones, y el Ayuntamiento ha tenido que actuar de nuevo. Y lo hemos hecho por responsabilidad y por evitar males mayores, sabiendo que no éramos la administración competente. Creo que tenemos suficientes razones para exigir una solución definitiva o, al menos, de mayor calado que las aperturas que hemos llevado a cabo con nuestros limitados medios”.

“Por esta razón -continuó Ruiz Boix- convocamos a un encuentro a Gobierno Central y Junta de Andalucía, una reunión que tuvo lugar el pasado 27 de septiembre. Queríamos que, a través del diálogo, se llegara a una solución satisfactoria para los intereses de los sanroqueños y de la fauna y flora del río. No olvidemos que el Ayuntamiento ha pagado más de 14.000 euros en abrir la desembocadura, un dinero que es de la ciudadanía de San Roque, a pesar de que lo único que tenemos claro es que no es una competencia nuestra”.

Para el alcalde, “se ha dado un peloteo entre dos administraciones: Gobierno Central y Junta de Andalucía. Lo único que sacamos de la reunión es que la Subdelegación en Cádiz no tiene claro a quién corresponden estos, y que por eso va a pedir un informe a la Abogacía del Estado. La duda que tienen es si es una obra de interés general o no”.

“Desde nuestro punto de vista -añadió- quien tiene la capacidad y potestad de sancionar es quien tiene las competencias de ese río y de su bocana: o sea, el Gobierno de España. Y también mantenemos que la apertura de la desembocadura debe considerarse una obra de interés general, y por lo tanto, competencia Estatal”.

El artículo 111.A de la Ley de Costas indica que serán obras de interés general y competencia de la Administración General del Estado las que se consideren necesarias para la protección, la defensa, la conservación y el uso del dominio público marítimo terrestre, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que la integran.

“Cuando tuvieron que abrir la bocana del río Salado -continuó el primer edil- no tuvieron ninguna duda, y actuaron con prontitud, cosa de la que me alegro. Sólo pido la misma determinación para el río Guadiaro. Por esta razón hemos presentado la denuncia ante el Juzgado de San Roque, y sólo espero que esta decisión contribuya a que esta cuestión se solucione de manera definitiva a favor de los intereses de la ciudadanía sanroqueña y de la preservación de la riqueza natural del río Guadiaro”, concluyó.