Por tercera vez en los últimos meses, un grupo de voluntarios de Verdemar ha vuelto a desentaponar la desembocadura del rio Guadiaro. La última ocasión se ha producido esta misma mañana. Como en las anteriores ocasiones, la asociación ha denunciado la “grave situación” en este tramo final del cauce fluvial por los riesgos para la mortandad de peces y la poca oxigenación de la misma.
El portavoz de Verdemar, Alfredo Valencia, declaró a este diario que el objetivo del colectivo es llamar la atención de la sociedad sobre esta situación cada vez que se produzca este “cierre” del rio, además de “poner la cara colorada” a los representantes de las administraciones por la falta de acuerdo a la hora de actuar con rapidez.
Valencia llamó a Demarcación de Costas, Junta y al Ayuntamiento de San Roque a buscar el “bien común” de todos los actores sociales afectados por estas circunstancias y a consolidar una “mesa de diálogo y de trabajo” para que se tomen actuaciones concretas y coordinadas al respecto.
Si bien el ecologista acoge favorablemente el inicio de contactos y reuniones entre las distintas administraciones, apunta a que se dan aún “muchos dimes y diretes” sin llegar a conclusiones específicas. “No nos corresponde a nosotros actuar, sino a las administraciones”, expuso Valencia, añadiendo que se trata de un paraje natural de mucha importancia, tanto a nivel medioambiental como para la vida turística del municipio.
Por ello, pidió a los políticos que estén “a la altura de las circunstancias”, ya que, como sopesó, “el rio está sufriendo mientras las administraciones se encuentran en el proceso de tomar decisiones”.
De hecho, el propio Valencia y sus compañeros en Verdemar han dado fe de que el agua “está bajando muy sucia, turbia, y se encuentra estancada en algunos recovecos”, lo cual, según argumentó, está afectando el ecosistema de la zona. Ante este escenario, conminó a los responsables públicos que actúen a la mayor brevedad. “Para eso les pagamos los ciudadanos y existen personas muy preparadas en las administraciones que tienen un conocimiento profundo de estas materias y deben actuar”, concluyó.
Por su parte, el ayuntamiento de San Roque recordó que el pasado 27 de septiembre, se convocó en el Consistorio a responsables del Gobierno Central y de la Junta de Andalucía para buscar una solución satisfactoria a un problema que se viene repitiendo en el tiempo, y donde el Ayuntamiento de San Roque ha pagado más de 14.000 euros en abrir la desembocadura, según destacaron desde esta entidad.
El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, recordó que se trata de un dinero que es de la ciudadanía de San Roque, “a pesar de que lo único que tenemos claro es que no es una competencia nuestra”.
En aquella reunión, el alcalde defendió que lo único que trascendió fue el “peloteo” entre dos administraciones: Gobierno Central y Junta de Andalucía, y donde la Subdelegación en Cádiz demostró que no tenía claro a quién le correspondía la competencia.
A comienzos de esta semana la Abogacía del Estado trasladó a la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico un informe en el que ratificaba que la competencia para abrir la desembocadura del río Guadiaro era de la Junta de Andalucía. Ante tales hechos, el primer edil optó por formalizar una denuncia ante un juzgado sanroqueño al delegado del Gobierno Central en Andalucía, Antonio Sanz, al subdelegado en Cádiz, Agustín Muñoz, y al jefe de la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico, acusándoles de prevaricación y de presuntos delitos medioambientales “tras negarse a tomar medidas para impedir el cierre por arena de la desembocadura”. El ayuntamiento sostiene, citando a la normativa pertinente, que la competencia en estos casos es del Gobierno Central. Además, recuerda que Costas “abrió por su cuenta recientemente y sin polémicas de competencias la desembocadura del río Salado, en Conil”.
El concejal de Medio Ambiente, Juan Serván agradeció la rápida respuesta de Verdemar, y señaló que “nos encontramos apoyando esta iniciativa mientras las administraciones miran para otro lado tras no ponerse de acuerdo en la cuestión de las competencias”.
El edil reconoció que “contamos con un estuario y un río con una importante diversidad que se están viendo afectados mientras continúa la inacción de las administraciones competentes”. “Mientras la pelota va de un tejado al otro, el Ayuntamiento siempre está en medio y luchando por solventar una cuestión que desde luego no es de su competencia”, aclaró.“No pedimos una solución para taparnos la boca ni para actuar de manera puntual -recalcó Serván-, sino para que se solucione de manera definitiva y no vuelva a ocurrir este taponamiento, que venimos sufriendo en los últimos veinte años, y que va agravándose con el paso del tiempo”.
El concejal del PIVG Jesús Mayoral también se presentó en la zona. Lamentó que esta acción se vea eclipsada en poco tiempo, ya que en cuanto se produce un episodio de levante fuerte en la zona, nuevamente colmata de arena la bocana. “La pena es que en la reunión que tuvo lugar el pasado día 27, las administraciones no llegasen a un acuerdo”, dijo.
