El presidente y portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG), Jesús Mayoral. ha presentado en nombre de su partido una serie de alegaciones al presupuesto de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, a la vista de que "nuestro alcalde" -en referencia al primer edil sanroqueño Juan Carlos Ruiz Boix- "solo se limita al posturo, votar en contra y no se sabe de qué, ya que no pone alegaciones".
Mayoral detalló que su partido ha planteado cuatro alegaciones, dos de las cuales afectan a los gastos políticos de la Mancomunidad,
En la primera, se cuestionan la legalidad de indemnizaciones a los concejales por asistencias a órganos colegiados y pleno, a aquellos concejales que ya en la propia Mancomunidad o en sus respectivos ayuntamientos estén cobrando retribuciones por dedicación exclusiva o parcial de sus Delegaciones, "porque en los sueldos que reciben, ya está incluido todo tipo de retribuciones, incluido este tipo de indemnizaciones según establece el art. 75 de la Ley de Bases de Régimen Local, teniendo derecho solamente al pago de estas indemnizaciones aquellos concejales que no tienen sueldo por dedicación exclusiva o parcial", asegura Mayoral.
En la segunda, se cuestionan la legalidad de la asignación que reciben los grupos políticos con representación en la Mancomunidad. Los vocales, son designados originariamente por los Grupos Políticos municipales a los que pertenezcan, por lo tanto ya todos los miembros ya forman parte de los grupos políticos de los ayuntamientos y estos grupos políticos ya reciben una subvención municipal en cada ayuntamiento para el funcionamiento de los mismos de acuerdo al art. 73 de la ley de bases de régimen local.
En la tercera, preguntan por la legalidad de las remuneraciones del equipo de gobierno, las de aquellos que reciben un sueldo por competencias que no están orientadas exclusivamente a la realización de obras y o realización de servicios que sean necesarios para que los municipios puedan ejercer las competencias o prestar los servicios enumerados en los art. 25 y 26 de la ley de bases de régimen local. "La única competencia cedida a la mancomunidad es la de servicio integral del agua y la recogida de basuras y su tratamiento", recuerda.
Solicitan, a su vez, la devolución de todas esta retribuciones "que deberán devolver los concejales y los grupos municipales si es que
se han recibido de forma improcedente".
En la cuarta , se cuestiona la legalidad de las tasas y canon que la empresa Arcgisa abona a la Mancomunidad "porque es superior a los gastos reales que tiene la Mancomunidad, relacionados con los servicios de agua y basura, siendo superiores estos ingresos al gasto total de los servicios de todo tipo que se prestan en la Mancomunidad , en el orden de nuestra estimación de cerca de dos millones de euros, pero que será el interventor el que tenga que certificar la cifra. El propio interventor lo viene a describir en su informe recomendando un cambio de la gestión, ya que a nuestro entender y su informe nos lo avala, se está incumpliendo lo establecido en el art. 24.2 de la ley de Hacienda Local cobrando a los ciudadanos, tasas por encima del coste real de los servicios.
"Posiblemente intenten desestimar las alegaciones como acostumbran limitándose al procedimiento de la norma presupuestaria sin entrar en las ilegalidades que se cuestionan, obligándonos a iniciar un contencioso-administrativo, pero en ese caso trataremos de que otras asociaciones y colectivos se sumen al contencioso", indican.
Para el PIVG, "están abusando de que los contenciosos duran de tres a cuatro años en resolverse y pretenden que así se aburra a la gente y que se les meta en gastos jurídicos que ellos tienen cubiertos, utilizando el departamento jurídico de la Mancomunidad igual que los ayuntamientos pero que en realidad pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos pero solo para su utilización".
