El concejal y portavoz del Partido Independiente Valle del Guadiaro (PIVG), Jesús Mayoral, ha anunciado en un comunicado de prensa que el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Algeciras ha admitido a trámite el recurso planteado por su persona contra la desestimación del recurso de reposición que en su día tramitó, contra el acuerdo de las Juntas Generales de Accionistas, del nombramiento de miembros de los Consejos de Administración de las empresas municipales de Emadesa, Amanecer, Multimedia y Emroque.
"Para el nombramiento de los componentes de los Consejos de Administración, por primera vez en muchos años, en los que han participado siempre, miembros nombrados por todos los partidos con representación en la corporación municipal y todos los alcaldes lo han respetado, Ruiz Boix, actual alcalde, en un acto de querer menos control por los partidos de la oposición, en una posición que entendemos abusiva y que no se ajusta a derecho, primero ha cogido una representación mayoritaria superior a la representación que tiene, quedándose con siete consejeros de los nueve de los que se compone cada Consejo, cuando con cinco ya tendría mayoría absoluta, que era el motivo argumentado", ha declarado Mayoral en la nota enviada.
"No contento con ello al solicitar por lo menos cuatro, la oposición, que respondería a la proporcionalidad que argumenta, y no estar de acuerdo, se ha quedad con los 9, por lo que ningún partido de la oposición tiene representantes en los consejos", ha añadido.
"No obstante las ilegalidades incluso basándonos en el informe jurídico de la Secretaria, que posteriormente en el recurso de casación, contradice su propio informe, no cumple ni con la proporción entre consejeros ediles y no ediles, estos últimos no pertenecientes a la corporación y lo más sangrante es que la mayoría de ellos, ahora ya teniendo un informe jurídico donde dice que deben tener estudios superiores, casi todos los nombrados carecen de esos estudios", ha apuntado el portavoz del PIVG.
"También hemos planteado la incompatibilidad puesto que algunos de ellos son empleados municipales y en todo caso también tiene nombrados a los que ejercen de personal de confianza en el ayuntamiento, sin los estudios necesarios", ha detallado. "Por supuesto tendrá que ser la justicia la que se pronuncie ante lo que entendemos, no ya que ha sido un atropello democrático de representación, es que además entendemos que no se ajusta a derecho por las incompatibilidades y falta de titulaciones exigidas".
Por ello, desde el PIVG, "somos partidarios de la integración de estas empresas en el ayuntamiento, ya que en su día solo se crearon para evitar el control por la oposición y el órgano de intervención. E incluso en unas empresas 100% subvencionadas por el ayuntamiento como es el caso, habría hasta un ahorro económico".
