El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha participado hoy, martes, en una comisión de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) relativa a Hacienda y Financiación Local. En esta reunión, que se ha mantenido por videoconferencia, se ha hablado sobre cómo pueden los ayuntamientos contribuir a reactivar la economía tras el impacto de la pandemia, y también se ha incidido en la necesidad de que el Gobierno Central permita a los consistorios disponer del dinero que han ahorrado durante los últimos años.
Ruiz Boix apuntó que “desde la FAMP, al igual que desde la Federación Española de Municipios y Provincias, se está trabajando en coordinar políticas comunes para que los entes locales podamos contribuir a salir de la crisis económica que ha provocado la pandemia de Covid-19. Se trata de una serie de inversiones muy ambiciosas, que para salir adelante precisan de muchos recursos”.
“En estos últimos años -añadió-, la mayoría de los ayuntamientos, como es el caso del de San Roque, hemos terminado los ejercicios anuales con superávit y generando unos importantes remanentes de Tesorería, que no podemos gastar debido a la regla del techo de gasto. Desde la FAMP demandamos al Gobierno de España que acabe con esta limitación y nos permita invertir en nuestros municipios, porque es necesaria una importante aportación de los ayuntamientos para revertir los efectos de la crisis económica generada por el coronavirus”, concluyó.
En el documento de trabajo se explicaba que la crisis sanitaria ha tenido graves consecuencias económicas, en especial en sectores como el comercio, la hostelería, el turismo y los servicios, provocando altos niveles de desempleo. Los ayuntamientos deben hacer frente a nuevos gastos que no estaban contemplados en sus presupuestos, y en muchos casos en los que sería necesario no pueden actuar al carecer de competencias para ello, como en sanidad o empleo.
Para dar respuesta a esta situación, desde la FAMP se demanda una flexibilización de la regla del techo de gasto, dándose “la paradoja de que algunos ayuntamientos disponen de recursos económicos que no pueden revertirse en la población que más lo necesita”. Ello no debe suponer, advierte el documento, un malgasto de recursos, porque la crisis va a generar unos menores ingresos por impuestos.
Entre las propuestas que se han tratado en la reunión están realizar inversiones públicas potentes, contemplando la contratación de los desempleados locales que han sufrido con mayor virulencia la crisis; ahondar en la eficiencia energética y la movilidad sostenible; limitar la construcción invasiva y redirigirse a inversiones que sean sostenibles, primando una economía baja en carbono, resilente a los efectos del cambio climático y no excluyente; combatir la “brecha digital”; desarrollar un plan de turismo smart y sostenible; elaboración de un plan de fomento de empleo y de un directorio de empresas; fomentar el I+D+I; promover el emprendimiento empresarial; garantizar la prestación de suministros básicos; y combatir la pobreza energética, entre otras cuestiones.
