El Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG) ha denunciado que el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, pretende “seguir realizando contrataciones de personal de forma arbitraria, esta vez con tres contratos de Asuntos Sociales de personal temporal laboral, sujeto a programas sociales, financiados por otras Administraciones”.
“Como lleva haciendo desde hace años, propicia que se entre por la puerta de atrás en el Ayuntamiento, no sé si por supuesto interés propio en algunas ocasiones o de otros y luego este personal como ya ha ocurrido, al cabo del tiempo, hasta suele denunciar al ayuntamiento para consolidar los mismos derechos que el personal laboral fijo”, señala el portavoz del PIVG, Jesús Mayoral.
“Son ya varios meses, en los informes de reparos de la fiscalización de la nómina, se nos viene dando cuenta a la Corporación, en el pleno, el informe que pone en conocimiento al alcalde , que la resolución de alcaldía nº 2020-0454 de fecha 31 de enero de 2020, por la que se autoriza prórroga indefinida de tres contratos eventuales, una asesora jurídica del CIM, una auxiliar administrativa del programa de Inserción social y un trabajador social del programa de Tratamiento de Familias con menores en Situación de Riesgo, todos programas temporales , financiados por otras administraciones, es nula de pleno derecho, por dos ilegalidades, que se producen según se relata en el informe”.
Uno de ellos, que “se realizó por seis meses, aun faltando dos meses para su finalización, el alcalde por decreto , resuelve prorrogarle con carácter indefinido, y ni tan siquiera aparece la plaza en el presupuesto municipal de 2020”.
“Como acostumbra Ruiz Boix, recaba informes a sus jefes de servicio que luego les da una interpretación personal, diciendo que son favorables. Nada más lejos de la realidad, porque después los informes de los funcionarios Habilitados Nacionales, como en este caso, que también aluden a esos informes, dictaminan que no se cumple con la ley”, apunta Mayoral.
“Hasta pone en el límite de tomar otras acciones legales a los responsables del control interno, que ya le señalan y le indican que lleva tres meses sin regularizar esa situación ilegal y luego se extraña y se queja de que se judicializa la política, pero es el único culpable que sea así, porque pretende gobernar como si el Ayuntamiento, fuese él”, añade.
Desde el PIVG, lo consideran su “responsabilidad y para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de trabajo en el Ayuntamiento, tomaremos las medidas necesarias, para que esto sea así, y eliminar esa política cortijera de redes clientelares, que lo único que persiguen es el voto cautivo, como hacemos, iniciando un recurso de reposición ante el alcalde y si no contesta o le desestima, será otro más que llevemos al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo”.
