Un informe de los Grupos de Especialistas de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) elaborado tras la inspección del lago de la base de Cerro Muriano (Córdoba) donde fallecieron ahogados dos militares en diciembre, ha puesto de manifiesto que las medidas de seguridad de las maniobras mortales no eran suficientes.

Según ha adelanto el diario ABC de Córdoba y han confirmado a EFE fuentes judiciales, el informe apunta que las maniobras acuáticas en las que fallecieron los dos militares "carecía de las necesarias medidas de seguridad", principalmente en cuanto a la falta de ambulancia, personal sanitario y la "cuerda" supuestamente servía de "línea de vida".

El informe corrobora las declaraciones de los testigos del caso que tuvo lugar la pasada semana ante el Juzgado togado Central de Madrid en las que aseguraban que "no había nada" respecto a medidas de seguridad, ya fuesen lanchas, flotadores, personal sanitario o ambulancia, según informó el abogado penalista Luis Romero, que ejerce la acusación particular en nombre de la familia del soldado fallecido Carlos León.

Los testigos aseguraron ante el juez que la situación era "caótica" y se produjo un "descontrol", mientras que detallaron es sus declaraciones que la ambulancia que fue a socorrer "estaba en el campo de tiro", lejos de la zona del suceso, y la misma era "básica para traslados, curas y lesiones leves".

Respecto a las mochilas que portaban los soldados durante las maniobras, los testigos refirieron que se hubiera necesitado primero una prueba de flotabilidad, algo "que no se hizo", mientras que las instrucciones que se dieron sobre las mismas "fueron generales", pero no se comprobó "si estaban debidamente estanqueizadas".

Asimismo, los testigos incidieron en que la temperatura del agua donde se realizaron los ejercicios era "extremadamente fría", mientras que en esa zona del lago "no se daba pie", algo que los soldados, cabos y sargentos de otros pelotones y secciones "no sabían".

En un acto, el juez detectó "indicios de responsabilidad penal" en el suceso y mantiene como investigados, principalmente a los tres mandos responsables de las maniobras, un capitán, un teniente y un sargento, si bien se amplió la supuesta responsabilidad a otros cuatro altos cargos de la base, como son dos coroneles, un teniente coronel y un comandante.

Todos ellos están aforados, de ahí que el caso pasase al Tribunal Togado Central en Madrid, ante el que está previsto que declaren a partir del próximo 17 de julio como paso previo a la finalización de las diligencias en la instrucción del caso.