El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha advertido este miércoles de que la Junta de Andalucía "ya está tardando" en llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para el pago de las deudas que mantiene por la prestación del servicio de la dependencia, que ascienden a más de cuatro millones de euros y que "perjudica a las personas que reciben la atención y a los trabajadores que lo prestan".
En una rueda de prensa, el regidor se ha remitido al Estatuto de Autonomía andaluz en el que "con toda claridad y sin ninguna duda se establece la competencia exclusiva de la Junta en esta materia", de modo que resalta que el Consistorio está "colaborando no solo desinteresadamente ni altruista", a veces cree que "un poco pánfilos".
Y es que, según subraya, "es una competencia en la que el Ayuntamiento pone a disposición de la Junta todo su personal; toda la responsabilidad que se derive por la prestación del servicio, se adelantan los recursos, y encima hay que aguantar la chulería de algunos que ni siquiera tienen la valentía de identificarse".
En este sentido, sobre el hecho que desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública la Junta se dijera que "difícilmente" va a poder cobrar el Ayuntamiento la deuda porque el Consistorio, "no se ha acogido al mecanismo de pago a proveedores", Nieto espera que "sea más un calentón político de alguien y que no sabe cómo funciona esto, que un planteamiento del gobierno de la Junta", porque si es del gobierno andaluz es "mucho más grave y estamos pasando una línea roja que probablemente exija medidas más contundentes", como se anunció este martes, que la administración local dejaría de adelantar dinero en octubre de 2014.
En cualquier caso, confía en que "se adopte un acuerdo inmediato" porque "no se puede seguir así, porque quien tiene que ejercer la competencia se desentiende del problema y no paga y encima sale alguno a chulear, cuando todo se ha hecho escrupulosamente", resalta el regidor, quien lamenta que la Junta "ni siquiera dice cuál es la cobertura" para sostener el programa, ni la cantidad, de manera que "la Intervención General impide que se puedan contabilizar las facturas y si no se contabilizan no se pueden meter en el programa de pago a proveedores".
