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Viernes 08/11/2024
 

Córdoba

El gobierno local prevé informar en una campaña sobre la \"falta de atención\" de la Junta a 276 dependientes

Tras lamentar que el Gobierno autonómico está \"cometiendo una auténtica desvergüenza política\", explica que se han recibido quejas del Defensor del Pueblo Andaluz a tal efecto y censura que la Junta \"paraliza de manera premeditada\" la gestión

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La concejal de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, María Jesús Botella, ha informado este jueves de una campaña para dar a conocer que hay 276 personas con situación de gran dependencia o severa, que "no son atendidas" por la Junta "porque tienen el expediente terminado y guardado en un cajón", en algunos casos desde hace un año, en lo que, a su juicio, supone una situación "profundamente injusta".

   En una rueda de prensa, la edil ha criticado "el parón" del Gobierno regional en el sistema de atención a los dependientes, en este caso con "el incumplimiento" en la tramitación de los expediente en la capital, aunque advierte de que "la situación de parón es generalizada en Andalucía", de manera que "condena a los afectados a una falta de atención y provoca confusión, ya que se esconde detrás de los servicios sociales comunitarios, que son los que atienden directamente a las personas afectadas", subraya Botella.

   Además, lamenta que el Ejecutivo se excuse en "argumentos falsos" al decir que "no puede avanzar en la dependencia por falta de financiación del Gobierno de España", cuando en 2013 la Junta recibió de éste "más dinero para la dependencia" que en 2012, concretamente 881 millones el ejercicio pasado y 829 millones en el anterior.

   Critica que desde la Junta "manipulan las cifras" y agrega que "prefieren gastar el dinero que reciben del Gobierno con carácter no finalista a otras cuestiones", que a la concejal le "gustaría saber" porque estas 276 personas "pueden ser atendidas y no lo son", al tiempo que señala que la Junta "cada vez atiende a menos personas", puesto que en 2013 atendieron en Andalucía a unas 167.000 personas y en 2012 a 190.000 personas, situación distinta a otras comunidades autónomas, según la edil.

   Tras lamentar que el Gobierno autonómico está "cometiendo una auténtica desvergüenza política", explica que se han recibido quejas del Defensor del Pueblo Andaluz a tal efecto y censura que la Junta "paraliza de manera premeditada" la gestión.

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