La Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir (Apaig) ha convocado una reunión el próximo 23 de agosto en la capital cordobesa para estudiar posibles actuaciones a emprender para pedir las indemnizaciones que a cada afectado corresponda, tras las sentencias de la Audiencia Nacional (AN) que condenan a la Junta de Andalucía por la gestión de la extinta Agencia Andaluza del Agua en el río Guadalquivir en las riadas de diciembre del año 2010.
Según ha informado el colectivo, en el encuentro, que será el primero tras los fallos judiciales, estarán presentes distintos afectados de Córdoba, de la localidad cordobesa de Almodóvar del Río y de la provincia de Jaén, entre otros, junto a abogados de la plataforma.
En concreto, la Audiencia Nacional condena a la Junta como responsable de los siniestros provocados por las riadas de 2010 al considerar que hubo negligencia en la gestión del desembalse de los pantanos, y que entonces estaba en manos de la Agencia Andaluza del Agua.
La demanda fue interpuesta por un grupo de 28 agricultores de la capital cordobesa que sufrieron daños en sus propiedades como consecuencia del incremento del caudal. Así, la AN ha empezado a emitir sentencias que, en la mayor parte de los casos, son condenatorias y obliga a la Junta a pagar la totalidad de los daños sufridos por las explotaciones agrarias. Las cantidades oscilan entre los 50.000 y 300.000 euros.
Desde la plataforma valoran esta sentencia de la Audiencia Nacional, "que viene a darnos la razón por la mala gestión del río Guadalquivir", al tiempo que destacan que no solamente los afectados por los destrozos de estas inundaciones, sino también el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, "va a estudiar pedir indemnizaciones", si bien lamentan que "no haga nada por solucionar el problema de cara a un futuro".
Así, aclaran que "si en un futuro se vuelven a repetir catástrofes similares, no solo son responsables los titulares del río, que también el alcalde por no haber puesto los medios a su alcance para contribuir a la seguridad de los ciudadanos y sus bienes".
