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Córdoba

La Fiscalía pide medidas ante la \"elevada cifra\" de detenidos con discapacidad o trastorno por \"descontrol\"

La Fiscalía de Córdoba ha pedido medidas de prevención ante la \"elevada cifra\", en torno al 15 por ciento, de personas detenidas con discapacidad psíquica o trastorno mental, donde \"la mayor parte de las conductas que determinan su detención tienen que ver con situaciones de descontrol\"

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La Fiscalía de Córdoba ha pedido medidas de prevención ante la "elevada cifra", en torno al 15 por ciento, de personas detenidas con discapacidad psíquica o trastorno mental, donde "la mayor parte de las conductas que determinan su detención tienen que ver con situaciones de descontrol socio sanitario".

   Así lo señala el Ministerio Público en la memoria anual del ejercicio 2013, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que se basa para llegar a dichas conclusiones en una encuesta del Juzgado de Guardia, efectuada a los profesionales que trabajan en el mismo entre los meses de abril y mayo del pasado ejercicio.

   En este sentido, considera que "el Estado podría prevenir estas situaciones mediante la implantación de un eficaz sistema de intervención socio sanitaria, con una red de servicios de atención en salud mental ya previstos en el artículo 20 de la Ley General de Sanidad del año 1986 y desarrollada en textos legales posteriores".

   Por otra parte, en dicha memoria, la Fiscalía explica que la Fundación Cordobesa de Tutela está "completamente desbordada", aunque resalta que "gracias a la implicación personal de sus principales actores" --trabajadora social, abogado, administrativo-- realiza "una labor encomiable en defensa de las personas más vulnerables".

   Entretanto, destaca que en todo lo concerniente a discapacidad, resulta de "particular trascendencia" la coordinación institucional, de modo que el fiscal mantenga "una estrecha relación" con todos los organismos públicos vinculados con la materia.

   Al respecto, recuerda que el año 2012 entendía que "en esta necesaria coordinación suponía un problema el hecho de tener varios interlocutores, como la Junta de Andalucía, la Diputación, el Ayuntamiento de Córdoba y otros ayuntamientos con más de 20.000 habitantes", por "la abundancia de escritos, llamadas y requerimientos que se realizan por particulares, directores de residencias o trabajadores sociales, sobre cuestiones que en ocasiones no competen al Ministerio Fiscal".

   Así, abogaba por una "mejor coordinación" con tales instituciones y, en este caso, valora que actualmente se lleva a cabo a través de enlaces nombrados por la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba, "especialmente con la primera, con la que la relación es especialmente intensa y los resultados son excelentes".

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