El diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado ha criticado "el abandono y desinterés" que el Ministerio del Interior, a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) tiene, a su juicio, en la puesta en valor de los terrenos de la antigua prisión de Fátima.
Según ha informado el PSOE en una nota, Hurtado ha trasladado a los miembros de la asociación de vecinos 'Amanecer de Fátima', con los que ha mantenido una reunión de trabajo, las iniciativas que el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha tomado en relación a dichos terrenos.
Se trata, según Antonio Hurtado, de múltiples preguntas escritas tramitadas y una proposición no de ley (PNL) para que en pongan en valor estos terrenos, "después de transcurridos once años desde el derribo de la cárcel".
Según el diputado socialista, el proyecto de urbanización está concluido, pero ahora hay que urbanizar, "para lo que habrá que esperar como mínimo un año, como consecuencia del adelanto del cierre de los Presupuestos Generales del Estado al mes de julio".
Hurtado también ha criticado que los terrenos residenciales propiedad de SIEP están en su oferta inmobiliaria pero "no los vende", y ha recordado que se trata de tres parcelas residenciales libres con un total de 3.641 metros cuadrados de suelo y 18.318 metros cuadrados edificables y una parcela de Vivienda de Protección Oficial (VPO) de 269 metros cuadrados y otros 1.209 metros edificables.
El diputado socialista ha asegurado que "este abandono está creando un enorme perjuicio al bienestar de los vecinos" de este barrio de Fátima, a quienes se les "prometieron" unos equipamientos, zonas verdes y residenciales modernos y que "no ven más que abandono y olvido por parte del Ministerio del Interior", ha lamentado.
Mientras, desde la Asociación de Vecinos 'Amanecer de Fátima' han afirmado que van a llevar esta queja a la Junta Municipal de Distrito y vamos a pedir a los grupos municipales con representación en el Pleno del Ayuntamiento, que pidan al Ministerio del Interior y al Gobierno central la urbanización "definitiva" de los terrenos.
