Los cuatro trabajadores que fueron contratados por la Asociación Jóvenes para el Futuro y a la Fundación Guadalquivir Futuro de Córdoba que les detraían parte de su salario como mordidas en 2016, en este caso un total de 5.014 euros, esperan cobrar dicha cantidad en próximos meses, a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

En declaraciones a Europa Press, el letrado de la acusación, Agustín Repullo, del Bufete Jurídico Garrido, ha señalado que los afectados --tres mujeres y un hombre-- están "satisfechos" con la resolución, que ya es firme y que se une a otra anterior que resultó favorable a otros tres empleados.

Y es que, ha advertido de que "se les negaba la mayor" después de que "se dijera que eran aportaciones voluntarias, algo ilógico, en este caso todavía más, porque eran personas en paro de larga duración y en cierta situación de vulnerabilidad", motivo por el que fueron contratados, ha indicado.

No obstante, el abogado ha lamentado que "aún no se les han restituido las cantidades de las mordidas y al final les pagará el Fogasa, pagaremos todos", tras los autos de insolvencia de las entidades, ha apostillado, para agregar que "no queda pendiente ninguna sentencia en el ámbito social".

Además, el abogado ha valorado que la sentencia ratifica el informe de la Inspección de Trabajo realizado al inicio del caso y que está en la causa penal, por lo que "se da la razón a los trabajadores", que inicialmente formaban parte de la Asociación Jóvenes para el Futuro, pero "en la práctica había una confusión entre ambas entidades --la asociación y la fundación--", dado que era "el mismo lugar de trabajo", entre otros aspectos que ha reseñado.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada estima la demanda de los empleados y condena, con carácter solidario, a la Asociación Jóvenes para el Futuro y a la Fundación Guadalquivir Futuro a que le paguen a una de las mujeres 1.050 euros, a otra 1.600 euros, a una tercera 900 euros y al varón 1.464 euros, después de ser contratados a través de ayudas al empleo de la Junta de Andalucía.

En este sentido, se confirma el desvío de los fondos que dichas entidades recibían a cargo del programa Emplea de la Junta. "La manera de desviar parte de la cuantía de la subvención percibida era exigiendo la devolución del dinero" percibido en sus nóminas por los trabajadores afectados, "ya que la empresa no podía detraerlo directamente de la nómina" de éstos, que "donaban" de esta forma el 25 por ciento de su sueldo, "ante el temor", fundado o no, de la "pérdida de su empleo" si no realizaba los pagos.

En la resolución, que se suma a otra similar ya dictada en marzo de 2018, también se indica que "parte de la subvención destinada al pago de salarios se ha destinado a incrementar los recursos dinerarios de la Fundación Guadalquivir Futuro o se ha entregado en mano a Cristian Menacho", responsable de la misma, junto a su madre, Ángeles Muñoz.

"EL JEFE" Y "LA JEFA SUPREMA"

La jueza, de hecho, se refiere a Menacho como "el jefe", según el relato de los trabajadores denunciantes, mientras que su madre era "la gran jefa o la jefa suprema", siendo "el jefe" quien propuso a los demandantes, o "prácticamente se lo dio como un hecho necesario, que donaran mensualmente parte de su salario a favor de la Fundación Guadalquivir Futuro, porque era una forma de obtener recursos para el barrio y un mecanismo para que ellos involucraran con las personas con las que trabajaban".

Esta manera de actuar entraña "un uso abusivo" de la personalidad jurídica de Menacho y Muñoz, que, según la sentencia, han actuado "de forma coordinada" para obtener fondos para la Fundación "a través de donaciones impuestas" a los trabajadores, con el agravante "de que eran contratos de trabajo subvencionados destinados a contratar a personas desempleadas en situación de especial vulnerabilidad".

El pago del 25 por ciento del salario, según se insiste en la resolución, "no fue una decisión libre, sino que la voluntad de los donantes estaba viciada por el ambiente coactivo en el que se accedió a hacerlas".

DESVÍO DE LAS SUBVENCIONES

En concreto, se comprueba que "materialmente se ha desviado el destino de subvención" mediante "el mecanismo del fraude de ley", donde "la cuantía de las supuestas donaciones voluntarias comprometidas por los trabajadores excede de lo que cabría esperar de un ciudadano común y más aún de un trabajador, como es el caso, en situación de necesidad y precariedad económica".

Asimismo, se apunta a "mecanismos que, por permanecer ocultos entre la empresa y el trabajador --entregas de dinero sin ningún soporte material o recibí, entregado en mano y sin testigos--, no necesitan el amparo de una norma legal para consumar el fraude de ley". No obstante, se precisa que "la inexistencia de documentación acreditativa de tales entregas en metálico y la concordancia de las manifestaciones de los trabajadores no deja lugar a dudas sobre la realidad".

El importe de las donaciones voluntarias comprometidas por los trabajadores contratados por la entidad Asociación Jóvenes para el Futuro asciende a 11.000 euros, de los cuales a la fecha de la actuación inspectora se han entregado por parte de los trabajadores a la Fundación Guadalquivir Futuro 6.509 euros.