El alcalde de Bonares, el socialista Juan Antonio García, ha anunciado que va a interponer una denuncia contra el alcalde de Almonte, Francisco Bella (Ilusiona), y una de sus concejalas, María Victoria Cáceres, por lo que considera un "atentado contra su intimidad". Todo ello, después de que presuntamente, la edil tomara fotografías de una conversación en su móvil que, posteriormente, fueron enseñadas públicamente por el primer edil almonteño en un pleno en la localidad.
Para Juan Antonio García, "no todo vale en política y hay límites que no se pueden rebasar ni permitir bajo ningún concepto. Lo ocurrido es de una gravedad extrema y me veo en la responsabilidad y obligación de llevarlo ante la justicia. Hay situaciones y actitudes antidemocráticas ante las que hay que actuar", ha aseverado.
En esta línea, el alcalde de Bonares ha indicado que "jamás en mis más de veinte años como servidor público he sufrido una vulneración a mi intimidad de estas características, y más provenientes y usadas posteriormente por otros servidores públicos con fines perniciosos. Es de una gravedad absoluta usar con premeditación y alevosía una conversación privada, tras tomar fotos a las espaldas de mi móvil, para hacer uso de ella políticamente".
Juan Antonio García ha indicado que "no sé la tipología del hecho ilícito que se ha cometido, pero sí tengo muy claro que situaciones como estas no podemos tolerarlas y es la justicia la que debe resolver".
PSOE pide dimisión
El PSOE de Almonte pedirá la dimisión del alcalde, Paco Bella, "por su participación en un presunto delito de revelación de secretos, tras exponer públicamente en un pleno de la localidad las fotografías, supuestamente realizadas por su concejal María Victoria Cáceres, de una conversación privada del móvil del alcalde de Bonares, sin su consentimiento, atentando contra su intimidad".
Así lo ha anunciado en una nota de prensa el portavoz socialista en el Consistorio, Miguel Espina, quien ha indicado que, también, exigirán la dimisión de esta concejal de Ilusiona por su "presunta participación en un delito de revelación de secretos". "Igualmente, en la moción pedimos la condena de este tipo de prácticas que, en todo caso y con independencia de lo que se resuelva en los procesos judiciales oportunos, resultan poco éticas y ensucian la imagen de nuestro municipio, tanto de cara al interior como de cara al exterior", ha indicado el portavoz socialista.
Miguel Espina ha subrayado que estos hechos acaecieron en el salón de plenos del Ayuntamiento de Almonte, "cuando el alcalde hizo pública una imagen del móvil del regidor de Bonares, captada presuntamente por esta concejal de manera ilegítima, y que se habría producido durante un pleno de la MAS celebrado el día 8 de febrero en el teatro Salvador Távora de Almonte". "Entendemos que estos hechos son lo suficientemente graves como para exigir un pronunciamiento de condena expresa por parte de todos y cada uno de los miembros del arco plenario", ha dicho el portavoz socialista que ha hecho alusión al artículo 18.3 de la Constitución Española que establece que "se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial".
En este sentido, Espina ha indicado que, "por tanto, si una persona intercepta y/o hace públicas las comunicaciones entre otras personas, podría estar incurriendo en un delito de descubrimiento y revelación de secretos, recogido en los artículos 197 y siguientes del Código Penal", por lo que entienden que un teléfono móvil particular "es un lugar idóneo para almacenar datos relativos a la intimidad".
"Con independencia del contenido de lo comunicado, fuera o no de carácter íntimo o reservado, la mera conversación que se desvela pertenece al ámbito de lo privado y, por tanto, está protegido por el secreto de las comunicaciones", ha añadido.
Asimismo, Miguel Espina ha reprochado al alcalde de Almonte "de preocuparse mucho de la intimidad cuando se trata de grabar actos como las quejas de vecinos o trabajadores en las sesiones plenarias, donde se ha llegado incluso a expulsar a un ciudadano por grabar a otro, contando en todo momento con el consentimiento de la persona grabada, y ahora, en cambio, con esta doble vara de medir, se presta a estas situaciones y actitudes antidemocráticas para mal usarlas políticamente y con fines totalmente perniciosos", ha concluido.
