Los gestores de los fondos europeos demandan judicialmente a Impulsa y el Ayuntamiento por la gestión del gobierno de David de la Encina en Pozos Dulces y la Plaza de Toros.
Denuncian la “intencionalidad, mala fe,  y conflicto de interés” de David de la Encina como máximo responsable. La demanda apunta al “acoso y derribo” para la ejecución de los fondos europeos. 
También denuncian "la gestión del tripartito, apuntando a Maria José Marín (Levantemos) y al Delegado de Urbanismo como responsables directos de hacer todo lo posible para obstaculizar los proyectos".
La demanda presentada en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid señala que los “máximos responsables no han tenido empacho en proclamar públicamente que su objetivo era "parar estos proyectos”.
Los proyectos preveían el “apoyo europeo conjunto para la inversión sostenible en el ámbito urbano” con fondos europeos Jessica que provenían del Banco Europeo de Inversiones en el contexto de fondos Feder para Andalucía y suponían una inversión de 24,2 millones de euros.
La demanda apunta que "tras elecciones de 2015 se conformó un nuevo equipo de gobiemo tripartito formado por  el PSOE, Levantemos  El Puerto,  e Izquierda  Unida.  A partir  de  ese momento, lo que había sido una  campaña de acoso y derribo contra el Proyecto desde la oposición se convirtió en una obstaculización sistemática desde el propio Ayuntamiento”. 
Denuncia que “desde su entrada en el Ayuntamiento, el nuevo Gobierno proclamó que haría todo lo posible por impedir la ejecución del Proyecto”, pretendiendo dedicar los fondos a otros usos según contemplaba el “Pacto y Programa de gobierno progresista y social” del tripartito liderado por David de la Encina.
Señalan que “Impulsa El Puerto incumplió grave y reiteradamente sus obligaciones frustrando el desarrollo  del  Proyecto.” Y apunta que “El Ayuntamiento e Impulsa El Puerto obstaculizaron el Proyecto desde su inicio” que se encontró "con una fuerte oposición por parte de la oposición, el PSOE”. Igualmente, que "no atendió que la inversión no se habría podido destinar a otros fines como se pretendía".
Denuncian que "David de la Encina pretendía dejar de otorgar ninguna licencia y luchar para que la operación se deshiciera" además de "contratar un bufete que estudie las posibilidades de tumbar esta operación del PP”, ya  que “no era beneficiosa para los ciudadanos” y “no se la iba a tragar”. “El objetivo declarado e indisimulado ha sido desde el inicio paralizar e impedir el proyecto sin tener que pagar indemnización alguna”. 
Se responsabiliza a David de la Encina de la “paralización de facto del Proyecto” y del “incumplimiento de manera flagrante sus obligaciones legales como consejero”, como alcalde y como Presidente de Impulsa.
Igualmente, hacen mención a su falta de aportación de informes en los Consejos de Administración, y del intento del Ayuntamiento destruir el proyecto.
La demanda denuncia también el bloqueo de las licencias municipales, el retraso y modificación de condiciones, y los bloqueos incluso tras el otorgamiento de las licencias. Igualmente señala el retraso entre el acta de inicio de las obras y el acta de replanteo.  
Dice la demanda: “En resumen, una obra que tendría que haber comenzado en el verano de 2014 empezó -y de forma parcial, tras la renuncia a la construcción del aparcamiento de Plaza de Toros­ tres años después por el empecinamiento del Gobierno Local y del socio municipal en obstaculizar el Proyecto”.
Pero la cosa no termina ahí, responsabiliza al anterior alcalde de los incumplimientos de Impulsa en 2016, “frustrando el intento de refinanciación del Proyecto”. Apunta también a la “falta de respuesta”  que creó la “situación de bloqueo del proyecto”, con la “dilación enorme e injustificada por parte del Ayuntamiento”. Pero también señala el “incumplimiento generalizado de Impulsa, de falta de colaboración del Ayuntamiento y de parálisis de la construcción”, y la “falta de convocatoria de los órganos de decisión”. 
Por último la demanda, señala que “en mayo de 2019 cambió el gobierno municipal y se otorgó la licencia de terminación de obras, que permitió retomar los trabajos”, así como que Germán Beardo como nuevo alcalde, “mostró su intención de reconducir la situación, mediante la agilización de la tramitación de la licencia de urbanización y la finalización de las obras de Pozos Dulces”, para evitar el “grave perjuicio tanto para los comerciantes y hosteleros de la zona”. 
La demanda concluye que "los incumplimientos contractuales han causado cuantiosos daños reales, efectivos y perjuicios a los fondos europeos". Según fuentes de este medio, Impulsa celebrará un Consejo de Administración el día 22 febrero para dar traslado a los actuales gestores del contenido de la demanda presentada en Madrid.