El secretario local del PSOE y portavoz, Ángel González, ha lamentado que “una vez más El Puerto esté en los medios nacionales por casos de corrupción, como ya ocurriera a principios de año con las detenciones del ex jefe de la Policía Local portuense, Rafael Muñoz Leonisio y del técnico de Infraestructuras, José Manuel Camacho Rodríguez”.

En esta ocasión, se trata del concejal de Seguridad del gobierno de Beardo, Jesús Garay, quien según la información publicada por el diario El Mundo, está siendo investigado dentro de la trama de corrupción de Puerto III, basada en la compra de favores penitenciarios por reclusos de la citada prisión. Según informa El Mundo, Jesús Garay “está acusado de inducción necesaria para la comisión de un delito de tráfico de influencias. Presuntamente, intercedió para que los miembros de esta trama consiguieran poner en libertad al sobrino de un empresario que se encuentra preso”.

Ante esta noticia, publicada el jueves, el portavoz socialista ha realizado una pregunta de urgencia en el pleno celebrado esta mañana. En concreto, González ha cuestionado al alcalde sobre “qué tienen que decir con relación a la investigación de Jesús Garay dentro de la macro causa de corrupción de Puerto III, a lo que desde el gobierno local se ha respondido con un no rotundo”.

Ángel González considera que “este no es una burda manera de Beardo y su equipo de ocultar lo que ya todo el mundo sabe, y es que no paran de salir a la luz casos de dudosa legalidad, de presunta corrupción y delitos, en el entorno más cercano del alcalde. Cuando no es el ex jefe de la Policía Local, es un técnico de Infraestructuras, militantes ambos del PP de El Puerto y ahora es el propio concejal de Seguridad, por lo que por mucho que no quieran dar explicaciones no van a poder ocultar los desmanes de Beardo y su entorno más cercano, siempre relacionados con actuaciones que dejan mucho que desear”.

Esta nueva causa “en la que presuntamente está implicado el concejal de Seguridad es más de lo mismo, corrupción, pago de favores, tráfico de influencias, narcos, etcétera”. Por ello, desde el PSOE entienden que “lo mejor para la ciudad es que se informe de qué está pasando y si es necesario se exijan las responsabilidades necesarias, pues estamos hablando de un concejal del PP, que además es un servidor público y no puede utilizar su posición para este tipo de supuestas actuaciones”.