El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María informa que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por Doña María Dolores Guerrero Muñoz, ex interventora municipal, contra el fallo dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Cádiz, dictada el 29 de enero de 2024.
Sentencia en la que se desestimaba la reclamación interpuesta por la ex interventora contra el alcalde, varios concejales y distintos técnicos de esta Administración, a los que demandó alegando haber sufrido acoso moral, reclamando una indemnización de 150.000 euros; por “no apreciar vulneración de los derechos fundamentales invocados, todo ello sin hacer expresa condena en costas procesales”.
Ahora la Justicia que admitió su recurso de apelación a trámite vuelve a desestimarlo imponiendo las costas procesales habidas a la parte apelante, dejando claro que revisadas las actuaciones “no encuentran motivo para modificar la valoración de la prueba realizada en la instancia, ampliamente detallada y motivada en la sentencia, sin que se advierta cuál es el error en que se haya podido incurrir en la valoración, o que la misma no se haya realizado conforme a las reglas de la sana crítica, de forma conjunta y ponderada, o haya incurrido en arbitrariedad”.
La sentencia añade que “en modo alguno, ha quedado probado que haya sido objeto de acoso moral en el trabajo, mobbing o haya sido víctima de una campaña de hostigamiento o recibido un trato cruel, degradante ni discriminatorio”.
Desde el Ayuntamiento de El Puerto se ha recibido la desestimación íntegra del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia impugnada con satisfacción ya que queda probado que ninguno de los demandados, ni el alcalde Germán Beardo ni el teniente de alcalde Javier Bello; la concejal de Personal en el anterior mandato, Marina Peris; el Secretario General, Juan Antonio García Casas; el Tesorero, José María Ortega; la Vicesecretaria, Araceli Isabel Rico; el Jefe del Servicio de Medio Ambiente, Antonio Caraballo; el Jefe del Servicio de Juventud y Deportes, Jesús Hernández; y el Gerente del EPG, Rafael Serrano, ejercieron acoso alguno sobre la interventora, ni hubo hostigamiento, humillaciones, insultos o menoscabo hacia su figura, ni a nivel personal ni profesional. Ni aislamiento respecto al resto de compañeros, ridiculización o humillación. De la misma forma que se constata que “no se observa ese plan preconcebido” -que ellad enunció.
