Los trabajadores de los complejos penitenciarios Puerto I, II y III, laborales y funcionarios, "todos ellos damnificados económicamente por las injustas medidas tomadas por un gobierno incapaz de recortar de una manera digna, justa y equiparada entre todos los colectivos, quieren gritar a quien quiera escuchar lo injusto de las medidas tomadas contra los trabajadores de la administración.
Hacer ver a la sociedad en general y a los que, al parecer tan justa y atinada ven las medidas que toma este gobierno, para lograr frenar el déficit que nunca hemos generado, que el famoso estado del bienestar lo gestionan los trabajadores de la administración y no los grandes empresarios.
La aanidad, la educación, la seguridad, la gestión presupuestaria, la justicia, el cumplimiento de las penas, la defensa del estado, la seguridad vial y todo aquello que hace que una sociedad sea democrática y de derecho, como marca la Constitución lo es porque hay funcionarios".
Y "a esos gurús de la macroeconomía que quitar dinero a la clase trabajadora es repartir miseria. Disminuir el consumo conlleva disminuir empleo. Conlleva cierre de pequeñas empresas que dependen del gasto que realizan los trabajadores".
Y por último, hacer notar a la clase política en su amplio espectro, "el desprecio y la repulsa, cuando no asco que provoca en los ciudadanos que ven, pasmados, como mantienen sus cargos, sus asesores, sus dietas, sus coches oficiales, sus viajes gratis, sus consejos de administración, sus sueldos intocables y un ofensivo largo etcétera".
