Hay decisiones que para bien o para mal tienen consecuencias de un calibre que ni el paso del tiempo encuentra calmar los ánimos ni hallar claridad de entre tanta ofuscación. Corría el verano de 2012 cuando se pretendía “poner orden donde allí no lo había”, anunciaba en su justificación el entonces equipo de Gobierno.
La polémica ha sido una constante desde que se decidiera implantar un sistema de regulación y ordenación del establecimiento de vehículos en aquellas zonas de la ciudad donde el aparcamiento alcanza un nivel máximo de saturación en determinadas épocas y momentos del día.
Decir que la implantación de la tasa no estaba en ninguno de los programas electorales ni del Partido Popular ni del Partido Andalucista, entonces en el poder.
La entrada a la Alcaldía de Alfonso Candón tras la dimisión de Enrique Moresco, quiso, en un gesto no secundado por el partido, dar marcha atrás y suprimir la Zona Naranja. La apuesta fallida quedó en no ampliarla al resto de zonas costeras. Ahora tras su derogación surgen las dudas de su legalidad.
Precisamente, Alfonso Candón, portavoz, ahora, del Partido Popular, anuncia que la suspensión de la Zona Naranja podría tener consecuencias judiciales. Manifiesta que “el tripartito en su afán de realizar política de hechos consumados, sin contar con los funcionarios ni dar participación a la ciudadanía, adoptó nada más llegar al poder dos actos administrativos que plantean bastantes dudas sobre su conformidad a Derecho”.
Recuerda Candón que, “en Junta de Gobierno Local de fecha 29 de junio de 2015, el Teniente de alcalde, el socialista Ángel González, propuso la suspensión de la aplicación de la prestación del servicio de estacionamiento regulado en las zonas que hasta el presente se venía prestando, concretamente las bolsas de aparcamiento y diversas calles adyacentes a las playas de Valdelagrana, las Redes y el Ancla, esto es, la suspensión de la Zona Naranja”.
Sin tiempo y con prisas
Dicha suspensión que votaron por unanimidad los miembros del gobierno municipal se hizo, según apunta el PP, sin informe de Secretaria General ni de Intervención.
El portavoz de los populares, manifesta “que se podrían estar saltando el procedimiento administrativo, ya que la suspensión se hizo con la propuesta del concejal sin que ningún informe le diera base legal ni económica”.
El concejal socialista justificaba la suspensión en una “causa extraordinaria”, que se concretaba en que el “tripartito llevaba poco tiempo y tenía que tomar decisiones rápidas”.
Alfonso Candón recuerda que “no contentos con acordar esta suspensión a toda prisa, un día antes de que el servicio público entrara en vigor, sin garantías económicas sobre el alcance real de su coste, el Sr. De la Encina llevó a Pleno del Ayuntamiento y aprobó con sus votos la Derogación Inicial de la Ordenanza Numero 40”.
La propuesta del Gobierno “carecía de Informe de Intervención que determinara cuánto va a costarle a los portuenses que no haya Zona Naranja, cuánto va a tener el Ayuntamiento que pagar a Impulsa, cuales son las consecuencias económicas del rescate del servicio en el Plan de Ajuste y cuáles son las consecuencias económicas para la viabilidad de Impulsa”.
Añade Candón que “no sólo eso, sino que ni siquiera después de estos tres meses han procedido a contestar las alegaciones realizadas por los vecinos afectados. Estamos por tanto esperando a que incluyan en el Orden del día del Pleno la derogación definitiva de la Ordenanza Nº40”.
Una derogación que la propia Impulsa sitúa en 1,5 millones de euros de perjuicio económico e indemnización total del rescate del servicio concesionado a la sociedad municipal.
