Los problemas se suceden en el Área de Bienestar Social, el que comanda el socialista Ángel M. González, el mismo que quiso alejarse de las acusaciones durante el Pleno del miércoles de “sesgar” las inculpaciones directas de los propios trabajadores de su Área y el mismo que dijo no saber, ni con la intermediación de la empresa municipal de Comunicaciones El Puerto Global, la que roza los tres millones de euros, de quién filtró los correos electrónicos facilitados a ciertos colectivos y usuarios.

A las denuncias de estos días atrás y de los que dio buena cuenta este periódico de manera exclusiva el pasado viernes, estos requirieron a la oposición, no al equipo de Gobierno, se iniciara una comisión de investigación por todo lo que viene sucediendo.

A tenor del alcance de todo ello, no hubo más remedio que postularse de manera favorable y mayoritaria en la búsqueda de explicar lo sucedido y de lo que más debiera importar, depurar responsabilidades políticas y técnicas.

Asuntos graves y de un cariz complicado y extraordinario ha dado lugar a situaciones complejas y deleznables como, según acceso de un extenso dossier que lo argumenta, en los que insultos, las amenazas y las filtraciones reiteradas por parte de los propios superiores y de incluso de un concejal de Levantemos El Puerto, tal y como atestiguan estos, han sido y son pan de cada día. 

El propio José Antonio Oliva, líder de la formación señalada, se autoinculpó durante el propio Pleno, aunque eso sí, negando los hechos y emplazándose a explicarse ante la comisión de investigación aprobada a tal efecto.

“El problema no soy yo, el problema es el que se está dando en Bienestar Social”, argumentó Oliva, a la que culpó de la situación, entre otras, a la “desestructuración y la falta de recursos humanos” de las que padece esta concejalía desde hace ya tiempo.

El desbordamiento, el acoso y derribo que viene sufriendo, de la misma manera, afecta a los propios usuarios, los que acuden al efecto llamada tras la más que probable incitación, según apuntan los propios empleados de ésta, y la escasez de medios de las que se dispone.

La dedicación plena a una concejalía que necesitaría, según Oliva, tener a un “concejal y cargos de confianza a dedicación plena” pudieran ser, de igual manera, una solución factible para paliar todo lo que viene sucediendo.

Antonio Fernández (IU) intentó sin suerte que la comisión pasase a definirse de “información y no de investigación”.

Para describir la actual situación en la que se encuentran los trabajadores, al seguridad privado con el que cuenta el Área se le suma ahora la presencia de dos Policía Locales a la espera de colocar cámaras de circuito cerrado.