El teniente de alcalde de Participación Ciudadana y de Desarrollo Económico y Empresarial del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Javier Bello, ha señalado que el plazo para acogerse a la convocatoria de subvenciones privadas a entidades sin ánimo de lucro para la cooperación en la implantación y el desarrollo de estrategias locales “Intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía (2021-2022)” se encuentra abierto hasta el 29 de junio inclusive.
Bello González asevera que el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas de Barrio Alto, Sudamérica y Los Milagros lleva asociadas varias líneas de subvenciones para su puesta en marcha, ejecutándose actualmente la línea 2 para entidades locales (Ayuntamiento de El Puerto de Santa María) y abriéndose ahora la línea 3, dirigida a entidades sociales del tercer sector.
El edil subraya que se trata de ayudas para mejorar la empleabilidad en barrios desfavorecidos de Andalucía de acuerdo con la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Inclusión Social (Eracis), proyecto cofinanciado en un 80% por la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo, y la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía en un 20%.
Javier Bello reseña que el pasado viernes tuvo lugar una mesa técnica que contó con la asistencia de entidades privadas (Movimiento por la Paz, Cruz Roja, Imeris, La Vicuña e Inserta Andalucía), asociaciones (AAVV Barrio Alto, AAVV Sudámerica y Nueva Bahía), la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz (representada por la técnica Alegría Ibáñez), el área municipal de Fomento de Empleo (representada por la técnica Fefa Claver) y la coordinadora del Equipo Eracis del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Reyes Moreno, en la que se coordinaron las actuaciones a realizar.
El edil señala que los proyectos para El Puerto de Santa María deben dirigirse a la población de Barrio Alto, Sudamérica y Los Milagros, conforme al Plan Local existente en nuestro municipio, con el fin de establecer mecanismos de compensación para que las personas allí residentes puedan acceder a los distintos Sistemas de Protección Social puestos en marcha por las Administraciones, especialmente en los ámbitos de educación, empleo, vivienda, salud y otros servicios públicos.
